El PSOE planteará hoy al Gobierno su rechazo a los mercados de agua

El PSOE desvelará hoy al Gobierno su posición sobre las cuestiones más polémicas de la reforma de la Ley de Aguas en una reunión convocada para las 12.30 horas. Dirá no a la legalización de los mercados de agua y aceptará los bancos para intercambiar concesiones del uso de este recurso siempre que se limiten a periodos de sequía, bajo un estricto control de las administraciones y en condiciones similares a las aplicadas en California (EEUU). El PSOE cree que autorizar los mercados de agua es dar el primer paso a su privatización.

En una carta remitida el pasado día 5 por Cristina Narbona, portavoz de la delegación socialista en las negociaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, ya se anticipaban algunos de los elementos "inasumibles" del principal partido de la oposición sobre la reforma de la Ley de Aguas.La falta de personal y equipamientos técnicos que arrastran los órganos de gestión de las cuencas fluviales (las Confederaciones Hidrográficas) los incapacita para dar una respuesta motivada en 15 días a cualquier notificación de intercambio de concesiones. La reforma plantea que una compañía hidroeléctrica pueda vender sus derechos de agua a una comunidad de regantes o a los abastecimientos de una ciudad, por ejemplo, al precio que líbremente fijen las partes. El contrato será legal si el órgano gestor de la cuenca no pone objeciones en un plazo de 15 días; lo que en términos administrativos se llama "silencio positivo". La falta de respuesta concederá validez automática a estos contratos de compraventa de agua.

Tal y como están de infradotadas las Confederaciones Hidrográficas, es imposible, según Cristina Narbona, que puedan valorar el alcance de los contratos, lo que induce a considerar que se liberaliza sin ningún control el comercio del agua, actividad que duda que cuente con amparo constitucional, al tratarse de un bien público. Otro de los inconvenientes que los socialistas encuentran a la existencia de un mercado transparente del agua es el estado de los registros. Según los datos elaborados por técnicos socialistas, muchos de los cuales han presidido durante largo tiempo las Confederaciones, el 80% de las concesiones de agua están sin registrar. Según Juan José Parrilla, ex presidente de la del Segura, la mayoría de las comunidades de regantes -incluso las más veteranas- no tienen inscritas sus concesiones, porque en su día contaron con el apoyo del Estado para constituirse. "¿Cómo vamos a saber qué volúmenes de agua cambian de manos si no sabemos en qué manos está el agua", se pregunta.

Paso a la privatización

Parrilla cree que la vuelta a los mercados del agua es retroceder hacia el pasado, no un avance hacia la modernidad. "Ya existían y desaparecieron cuando las comunidades de regantes adquirieron los derechos concesionarios para poner fin a las ventas especulativas de los aguatenientes en el mercado negro, como ocurrió en los casos de Mula o Lorca".Los únicos concesionarios que tienen regulada su situación son las compañías hidroeléctricas, lo que las coloca en una posición de ventaja para vender el agua que muchas veces no utilizan. En el Tajo, que cuenta con un acueducto desde su cabecera hasta el Segura, donde la demanda hídrica es más fuerte, el PSOE calcula ventas potenciales de 200 millones de metros cúbicos anuales por parte de Unión Fenosa, lo que podría aportale unos ingresos de 2.500 millones de pesetas al año. Esta misma empresa ha reclamado más de mil millones al Canal de Isabel II por un trasvase de 87 millones de metros cúbicos (de una concesión heredada de 1910) a Madrid para paliar la sequía de 1995. El PSOE preguntará por los datos económicos, si es que los hay, de la repercusión de la reforma. El colectivo Ecologistas en Acción, que ha debatido este fin de semana en Toledo varias cuestiones del agua, coincide en apreciar que esta reforma enmascara la privatización del agua.