En picado

EL MINISTRO de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué, no está dando las respuestas políticas acertadas a las acusaciones de corrupción lanzadas contra él desde el partido socialista. Piqué ha remitido una carta al presidente del Congreso, Federico Trillo, en la que, además de lanzar vehementes protestas de inocencia, pide al destinatario que se pronuncie sobre si es legal la investigación de las actividades privadas del ministro cuando era presidente de Ercros. Durante este periodo, Piqué creó la sociedad Loreto Consulting, con el fin de facturar como actividades de consultoría parte de sus retribuciones como presidente. Además, el ministro presentó ayer una demanda de conciliación en los tribunales, previa a una demanda civil, contra el candidato socialista, José Borrell, quien puso en duda el comportamiento fiscal del hoy ministro de Industria durante su etapa de máximo responsable de Ercros. Esta iniciativa cuenta con el apoyo entusiasta del Partido Popular (PP), cuyo coordinador de organización, Pío García Escudero, anunció ayer que el partido llevará a los tribunales al menos seis casos de acusaciones contra representantes y cargos del partido para "limpiar su imagen".La carta de Piqué al presidente del Congreso es un movimiento a la desesperada. Revela la ausencia de recursos políticos del Gobierno ante la táctica de la oposición socialista, aplicada con más voluntad que acierto, de dar al PP una dosis de la misma medicina que los populares recetaron a los últimos gobiernos de Felipe González. El emplazamiento al presidente del Congreso para que distinga entre ética privada y pública es un subterfugio. La conducta de Piqué como presidente de Ercros importa a los ciudadanos una vez que existen dudas fundadas sobre ella. Ercros se saneó en parte con dinero público. Cabe recordar al hoy peticionario de amparo que existen precedentes de altos cargos que presentaron su dimisión para no comprometer con sus errores privados la estabilidad o el buen nombre de un Gobierno. Fue el caso del ministro de Agricultura Vicente Albero o el del antecesor de Aznar en la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid. Piqué debe explicar, además, por qué en su declaración de actividades al ser nombrado ministro no figuraba la presidencia de Loreto Consulting.

Pero no es necesario recurrir a su gestión privada. Baste recordar que se ha cerrado en banda a la hora de someter a una comisión de investigación su extravagante e incluso sospechosa política de subvenciones. El victimismo que exhibe en su carta al presidente del Congreso está en contradicción con esa negativa. La creación de una subcomisión parlamentaria de estudio como sucedáneo de la Comisión de Investigación es un enredo inútil, porque no disipará las acusaciones que pesan sobre su actuación.

La demanda civil contra el candidato socialista, jaleada alegremente por el PP, es un dislate. El recurso masivo a los tribunales como método para blanquear la honorabilidad de unos servidores públicos cuestionados en tanto que tales sería un retroceso político, una vuelta a la judicialización de la vida política, cuyos efectos nefastos tardaron en desaparecer. Las acusaciones contra el ministro de Industria forman parte del juego democrático, y, como tales, exigen respuestas políticas en el Parlamento.

Las maniobras políticas de evasión del portavoz son coherentes con la concepción que sobre la transparencia política exhibe frecuentemente Aznar, quien, al parecer, no se considera responsable ante los ciudadanos de la opacidad de su Gobierno. Al ser preguntado el miércoles en el Congreso por el rosario de denuncias de corrupción que puntean la actuación del PP en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, Aznar respondió en los siguientes términos: "Por muchos errores que se cometiesen ahora o en el futuro, jamás se podría igualar o superar lo que ustedes hicieron en la vida política española; ni siquiera acercarse". Es posible que esto satisfaga a su hinchada. Pero la instalación permanente en los casos de corrupción socialista como coartada para no responder de los propios es un agravio a todos los ciudadanos, que exigen cuentas de la gestión pública de hoy. Si lo que Aznar pretende es defender la gestión de los miembros de su Gabinete por comparación con sus antecesores, está en un error, porque esa comparación corresponde a los ciudadanos; y si lo que quiere es anular a la oposición con el pretexto de corrupciones pasadas, está degradando los mecanismos democráticos, y de ello habrá que pedirle cuentas. Su afirmación de que "si hay algo que corregir, lo corregiremos, pero, en estos asuntos, lecciones de ustedes ni una", no es una amenaza al PSOE, sino a nueve millones de votantes.