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CONSEJO DE MINISTROS

Gobierno y partidos ultiman la ley de víctimas del terrorismo

Luis R. Aizpeolea

El Consejo de Ministros aprobó ayer las líneas generales del borrador de la proposición de ley sobre solidaridad con las víctimas de actos terroristas que, según anunció su portavoz, Josep Piqué, será entregado a los grupos de la oposición la próxima semana para su definitivo consenso en la tramitación parlamentaria. Hasta que el texto no esté ultimado no podrá conocerse la cuantía de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, pero la pretensión, sobre la que hay acuerdo previo entre todos los partidos, es la de establecer un baremo para aquellos supuestos en que no exista sentencia firme.En todo caso, el propósito de la ley es compensar moral y también económicamente a las "primeras víctimas del terrorismo", aunque no sea ésta última la prioridad. "No es una cuestión económica. Se trata de compensar y reconocer moralmente a las víctimas del terrorismo y a sus familiares cuando se inicia un proceso de paz. Las víctimas son más importantes que los presos", dijo el portavoz del Gobierno.

Casos oscuros

Ayer, el vicepresidente del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, y el secretario de Comunicación del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ratificaron su voluntad de consenso, una vez que los socialistas entregaron al Ejecutivo sus propuestas al borrador. El acuerdo es casi unánime. Sólo quedan algunos flecos, como buscar solución para algunos casos oscuros judicialmente; como el asesinato del dirigente de ETA político-militar, enfrentado a un sector de su organización, Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur.El portavoz del Gobierno recordó ayer las líneas generales del proyecto, que es conocido por los grupos parlamentarios desde hace un mes. "Es una ley especial y es una manifestación de la voluntad de los poderes públicos de contribuir a paliar el daño sufrido, en aplicación del principio de solidaridad", dijo.

Los beneficiarios serán las víctimas del terrorismo por daños psicofísicos. En caso de fallecimiento, se beneficiarán el cónyuge, la persona que estuviera conviviendo con la víctima en el momento del fallecimiento o los herederos legales en línea directa descendente o ascendente hasta el segundo grado de parentesco inclusive. La ley pretende cubrir los daños sufridos por personas que hayan sido víctimas de actos terroristas en los supuestos de fallecimiento, incapacidad permanentes, en sus diversos grados, y mutilaciones o lesiones permanentes. Las indemnizaciones serán compatibles con otras ayudas administrativas o medidas de asistencia que puedan corresponder a los beneficiarios.

Las víctimas tendrán exenciones tributarias en IRPF e impuesto de sucesiones. El ámbito temporal de la ley abarca los daños producidos desde el 1 de enero de 1968. Esto es, desde que ETA cometió su primer asesinato.

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