Expedientadas dos empresas por traficar sin permiso con información irregular de morosos

La Agencia de Protección de Datos (APD) ha abierto un expediente sancionador contra las empresas Interpress e Infolega, por supuesta obtención irregular de datos personales sobre morosos y por su utilización sin permiso de los afectados y sin darles acceso para conocer su existencia y poder rectificar las inexactitudes, tal como establece la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD), de 1992. Juan Manuel Fernández López, actual director de la Agencia de Protección de Datos, confirmó ayer a la SER la existencia del expediente y la posibilidad de que concluya con una multa de hasta cien millones de pesetas en caso de que se haya producido infracción muy grave.

Fernández López consideró también la posibilidad de que el expediente concluya sin sanciones (con "absolución", dijo erróneamente, inducido quizás por su práctica profesional como magistrado de carrera) cuando se resuelva el expediente, "en un plazo máximo de 15 0 20 días".El director de la APD negó que se haya abierto ningún expediente a una tercera empresa, Trans Union, denunciada, como las otras dos empresas expedientadas, por la Asociación Ciudadana de Agobiados por la Banca (ACABA), que le acusa de comercializar datos del fichero denominado Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI).

Francisco Suárez, presidente de ACABA -integrada por varias docenas de empresas y particulares-, aseguró a este diario que la APD le ha acusado recibo de la denuncia contra Trans Union y que, en estos momentos, la Agencia realiza una investigación, previa a la posible apertura de un expediente sancionador. Suárez afirma que Trans Union es propiedad, en un 50% de Interpress, una de las dos empresas sancionadas.

Por su parte, Luis Valverde, director de marketing de Trans Union, manifestó a este periódico que "no existe ningún expediente sancionador o informativo abierto, entre otras cosas porque no tenemos bases de datos".

Datos exactos

El director de la APD declaró a la SER que la existencia de registros de morosos es necesaria para el buen funcionamiento del estado financiero del país, pero puntualizó: "Lo que ocurre es que nadie debe ser incluido en un registro sin ser moroso ni nadie debe permanecer más tiempo de aquel en que ha tenido impagadas sus deudas. Los datos, lo dice nuestra ley orgánica, deben mantenerse exactos y puestos al día. Si esto se incumple, por supuesto, la Agencia interviene y se abre el correspondiente procedimiento sancionador".En efecto, el artículo 28 de la LORTAD, que regula la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, dice así: "Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar automatizadamente datos de carácter personal obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el afectado o con su consentimiento. Podrán tratarse, igualmente, datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los afectados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros automatizados, en el plazo de 30 días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos en esta ley".

Igualmente, la LORTAD exige que, "cuando el afectado lo solicite, el responsable del fichero le comunicará los datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses, y el nombre y dirección del cesionario".

En contraste con estas previsiones legales, algunos ciudadanos han relatado su sorpresa. Uno de ellos explicó que, cuando en el banco le denegaron un crédito, preguntó a los empleados y le informaron que figuraba en una lista de morosos proporcionada por una de las empresas ahora expedientadas, que en absoluto se había dirigido a él para darle cuenta de que poseían esos datos suyos. Otro reveló que le habían denegado un crédito porque su padre figuraba en otra lista de morosos.

Suárez, presidente de ACABA, resaltó que la actuación de la APD sólo es "la punta del iceberg del asunto, porque no se trata de casos aislados, ya que el sistema bancario no se nutre sólo de 5.000 o 6.000 casos, además de que estos procedimientos llevan bastantes años funcionando".

25 expedientes

En coherencia con la magnitud del problema señalada por Suárez, el director de la APD reveló ayer a Efe que, del total de 300 expedientes sancionadores que actualmente tiene abiertos la Agencia por el uso irregular de ficheros informáticos, 25 corresponden a problemas relacionados con los ficheros de morosos.Nueva Izquierda (NI) pidió ayer que el director de la APD comparezca en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y señaló que la postura del Partido Popular "difiere en muchos aspectos" de la que tuvo en la oposición, cuando promovió un recurso de inconstitucionalidad -todavía pendiente de resolución- contra la LORTAD, aprobada en la etapa socialista, por estimarla insuficiente.

NI pedirá también la comparecencia de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, por los indicios de que los datos se obtuvieron ilegalmente en los juzgados. El presidente de ACABA aseguró que las empresas expedientadas lograron datos no accesibles al público mediante "amistades en los juzgados".