La Audiencia rechaza dos recursos de Gijón contra las ayudas de Industria

La Audiencia Nacional ha rechazado dos de los 12 recursos contencioso-administrativos presentados por el Ayuntamiento de Gijón por supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de ayudas del Ministerio de Industria en 1997. El secretario de Estado de Industria, José Manuel Serra Peris, que ayer adelantó la información en rueda de prensa, aseguró que la Audiencia ha estimado que esos dos expedientes se ajustan a la normativa sobre ayudas oficiales.La versión ofrecida por los responsables del municipio asturiano es bien distinta. Según los demandantes, la Audiencia ha rechazado los dos recursos porque la cuantía de los proyectos a los que se referían no alcanza la cantidad mínima establecida para que la Audiencia considere una investigación. Otros 10 recursos siguen tramitándose para su posterior consideración en el Tribunal Supremo. Fuentes próximas a la judicatura aseguraron, por su parte, que la Audiencia ha dictado dos autos en los que rechaza los dos recursos, sin entrar a valorar el fondo de los mismos ni las razones por las que ha decidido no tramitarlos.

Las denuncias del Ayuntamiento de Gijón, regentado por el PSOE, hacen referencia a la resolución de dos expedientes de ayudas al Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), que rige el único senador del PP por Jaén y acumula el 24% de los proyectos financiados por Industria en toda España, antes de que terminara el plazo para la solicitud de ayudas. En 1997, el Ayuntamiento de Gijón presentó 12 solicitudes de ayuda y todas fueron denegadas. En 1998 presentó otras 11 y también se le denegaron, lo que ha llevado a sus servicios jurídicos a solicitar los expedientes de resolución a Industria por si caben medidas judiciales.

La diputada del PSOE María Teresa Fernández de la Vega afirmó ayer que "cualquiera que sea la actuación de los jueces, el ministro Josep Piqué no puede hurtar el debate político en el Parlamento sobre las irregularidades de su departamento (...) Los expedientes pueden ajustarse a derecho, pero ser política y éticamente reprobables", dijo sobre un supuesto trato de favor a empresas y entidades vinculadas a miembros del Gobierno.