Bonn acepta ya oficialmente que países de la zona euro mantengan el Fondo de Cohesión

Alemania acepta, por fin, ya oficialmente que los países menos prósperos de la Unión Europea (UE) integrados en la moneda única, como España, sigan conservando los beneficios del Fondo de Cohesión en el septenio 2000-2006. Así lo solemniza en un nuevo documento para la negociación de la Agenda 2000 en la cumbre de Berlín, de los próximos días 24 y 25. A cambio, propone modular sus ayudas y reducir su intensidad, de manera que los beneficiarios (España, Portugal, Grecia) reciban menos transferencias a medida que se acerquen al 90% de la renta media comunitaria.

Las negociaciones secretas afloran ya a los documentos oficiales. El nuevo conjunto de propuestas presentado ayer por la presidencia alemana incluye que los países del euro podrán seguir manteniendo el Fondo de Cohesión -del que España obtiene al año unos 1.200 millones de euros-, como querían los del sur y a lo que se oponía inicialmente Alemania, que aporta el 28,2 % al presupuesto comunitario cuando su PIB es el 27,4% del europeo.Bonn dio marcha atrás. Asumió la continuidad de ese fondo a cambio de recortar los otros fondos estructurales, mucho más cuantiosos (el de Cohesión supone para España en torno al 16% de todas las ayudas estructurales recibidas). Ahora la oficializa, con lo que Madrid no deberá gastar más energías en una batalla táctica.

Reducción por prosperidad

Tan clara es la marcha atrás que el nuevo documento indica explícitamente que los países del euro acogidos al Fondo de Cohesión deberán honrar sus "responsabilidades hacia la estabilidad" de la moneda única, es decir, cumplir el Pacto de Estabilidad, so pena de perderlo. A cambio del reconocimiento, Bonn propone dos enmiendas endurecedoras. Una, modular las ayudas con un coeficiente, de manera que los beneficiarios (España, Portugal, Grecia) reciban menos transferencias a medida que se acerquen al 90% de la renta media comunitaria (el tope a partir del cual se deja de percibir y que ya ha alcanzado Irlanda), es decir, que avancen en la convergencia real. La otra es reducir la intensidad de las ayudas, de forma que Bruselas pague sólo el 75% del coste total de los programas, en vez del 85%.La propuesta mantiene un recorte del conjunto de ayudas estructurales (incluido el Fondo de Cohesión) respecto a los 239.000 millones de euros propuestos por la Comisión en la Agenda 2000. Pero si en la reciente cumbre de Petersberg, Bonn propuso rebajarlos a 200.000 millones de euros -un tijeretazo para España de unos 1.200 millones de euros o 200.000 millones de pesetas anuales-, ahora flexibiliza su postura, proponiendo una horquilla entre 190.500 y 216.000 millones.

Tan o más preocupante es que mantenga el propósito de eliminar el criterio de "prosperidad nacional" en los fondos estructurales, por el que una región pobre de un país pobre recibe de Bruselas más que una región pobre de un país rico, pues un Estado próspero puede ayudar más a sus áreas deprimidas. La supresión de este criterio perjudicaría a España en 2.800 millones de euros durante el septenio, casi medio billón de pesetas.

En Política Agrícola Común -la PAC, que se lleva el 48,5% del presupuesto comunitario- la propuesta recoge las ideas francesas de "decrecimiento en el gasto", como se pactó en Petersberg. Y abandona la idea de la "cofinanciación" (pago de un porcentaje por los Gobiernos), que tanto irrita a París. Pero sólo parcialmente: la elimina al hablar de la PAC, pero la mantiene como opción en el capítulo de los "desequilibrios presupuestarios", es decir, a buscar compensaciones para la excesiva carga financiera de Alemania y otros ricos. Es una presión táctica y clara: si los cambios en la PAC no bastan para reducir su aportación, Bonn seguirá agitándola.

Desde un punto de vista general, no sólo español, eso es precisamente lo peor del documento: reclama un mecanismo corrector de las aportaciones excesivas, a la manera del "cheque británico" (retorno de parte de la contribución), a lo que París y Madrid se niegan. Aceptan arreglar el problema alemán, pero no ese mecanismo, que consideran insolidario y anticomunitario. Por eso España propuso una alternativa -un plan para cofinanciar los gastos que generan los refugiados-, al que el documento no dedica ni una mención.