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Más de 150 inmigrantes fueron expulsados en 1998 de Euskadi y sobre 500 existe orden de expulsión

Llegan en oleadas o en solitario pero siempre ligeros de equipaje. A menudo dejan tras de sí una tierra en la que sobrevivir es una heroicidad y frecuentemente sienten que la muerte les pisa los talones. Cuando llegan a su destino la ilusión se desvanece y se tranforma en otro tipo de temor. Son los inmigrantes. En el País Vasco hay 7.000 extranjeros y sobre muchos de ellos pende la amenaza de expulsión. El pasado año, 151 fueron devueltos a sus países y cerca de 500 tienen pendiente la ejecución de expulsión. "Así es la vida del extranjero", reconoce un juez de la Audiencia de Bilbao.

Caminan pegados a la pared, sin mirar a nadie. Pero con la sensación de que el mundo les observa. Viven una cuenta atrás hasta que un policía aparezca como por ensalmo y les lance la palabra maldita: "documentación". Los extranjeros tienen dos posibilidades para legalizar su situación: estar en régimen de estancia o de residencia. En el primer caso, el inmigrante debe estar amparado por un visado y en el segundo, por un permiso de residencia. Si además quiere afincarse -casi todos lo desean-, se le exigirá un permiso de trabajo. Para obtenerlo se les pide otro de residencia. Penetran así en un laberinto de documentos en el que luchan por encontrar la salida. A veces, la búsqueda concluye en un avión rumbo al país de origen que un día abandonaron. J. Y. tiene 30 años y es uno de los mil chinos que vive en Euskadi. Reside en Bilbao, pero la policía ha dictado una orden de expulsión contra él. No quiere ser un ilegal, por eso no desiste de pedir el permiso de residencia. Lo ha hecho en dos ocasiones. La primera vez, se lo negaron. La segunda está sin resolver. En la espera, le detuvo la policía por carecer de documentos. Su abogado logró parar la orden de expulsión a cambio de que se presentara diariamente ante el juez. Una medida que sólo se aplica con los más peligrosos. Un día, J. Y. salió del juzgado y no había recorrido ni dos metros cuando la policía le volvió a arrestar. Actualmente, vive como puede y continúa sin documentación. El primer lugar "Desde que hace 30 años llegaran los primeros chinos al País Vasco, esta comunidad ha sido la más castigada. El 80% procede de la misma región, Zhejiang, al sur de Shangai, y casi el resto de Fujian, enfrente de Taiwan. No es por casualidad. Los familiares ya instalados en Euskadi les facilitan la llegada", explica José Angel Esnaola, abogado y presidente de la Coordinadora de ONG de apoyo a la emigración-Harresiak Hapurtuz. En el contingente de solicitudes de permisos de residencia de este año, China ocupa el primer lugar en la escala de países. Solamente dos inmigrante chinos fueron expulsado del País Vasco entre septiembre y diciembre del pasado año, según datos de las subdelegaciones del Gobierno en Euskadi. S. J. es una joven china y está embarazada. En 1995 llegó a la capital vizcaína para reencontrarse con su pareja que se le había adelantado en el tiempo. Casi recién aterrizada, la policía le detuvo y le incoó un expediente de expulsión por carecer de papeles. La retuvieron 40 días en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Moratalaz, cerca de Madrid, y cumplido el plazo legal quedó en libertad. A S. J. le salvó el no llevar pasaporte, una medida habitual entre los inmigrantes para dificultar su expulsión. Pero la peripecia sólo había empezado. La mujer regresa a Bilbao, se casa con su novio y juntos abren un restaurante chino. S. J. pide un permiso de trabajo como camarera y mientras espera la decisión le vuelve a detener la policía. En esta ocasión por carecer de permiso de empresaria. La expulsan por segunda vez y le acusan de un delito sobre la libertad de trabajo. Después de un año, la orden queda revocada. S. J. dice que "ya todo está bien". Su hijo nacerá en España. De acuerdo con la Ley de extranjería, a un extranjero se le expulsa, fundamentalmente, por falta de documentación. También cuando, sin llegar a perpetrar un delito, inciden en el orden público y en la seguridad interior o exterior del país en el que habitan, como serían los casos de espionaje. El mayor índice de expulsiones recaen sobre las mujeres que practican la prostitución y el alterne, según datos de la Audiencia Provincial de Bilbao. W. B y M. R. son dos jóvenes senegaleses que viven en Italia legalmente. A finales de 1997 llegaron de vacaciones a Vitoria en una furgoneta. La policía les detuvo inmediatamente y ordenó su expulsión a Senegal. Les salvó el Tratado de Schenger [un acuerdo de cerca de diez países europeos, entre ellos España, para luchar contra la inmigración ilegal]. Los jóvenes pudieron regresar a Italia, pero en España sigue abierta la orden de expulsión. Los marroquíes ocupan en Euskadi un lugar intermedio en el número de peticiones de permisos de residencia y trabajo, por debajo de colombianos y brasileños, en segundo y tercer lugar, respectivamente. M. A. nació en Marruecos, tiene 25 años, vive son su familia en Amorebieta y le pueden expulsar en cualquier momento. Es el mayor de cuatro hermanos. El padre posee la nacionalidad española. La madre y los hermanos residen legalmente. Sin embargo, a M. A. la subdelegación del Gobierno en Vizcaya le ha denegado la tarjeta de residencia en dos ocasiones: en septiembre de 1998 y el pasado mes de enero. "Es un caso sangrante. No tiene a nadie en Marruecos, toda su familia está aquí. Argumentan que al ser mayor de edad no entra en el apartado legal de reagrupamiento familiar", expresa indignado Andoni Basterra, responsable del Centro de Información para trabajadores emigrantes de CCOO.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de marzo de 1999

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