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Las solicitudes de residencia triplican la oferta oficial

Hasta hace unos años, el País Vasco era lugar de paso para los inmigrantes, que preferían establecerse en Madrid, Barcelona, Almería y Murcia. Sin embargo, se incrementa progresivamente el número de los que elige quedarse en Euskadi. Todos anhelan ser legales, que no les obliguen a volver a su país. El próximo 23 de abril se cierra el plazo para solicitar el permiso de residencia que les permita vivir en la legalidad. Hasta la fecha, el número de demandas se ha triplicado con respecto al pasado año. Sólo 110 podrán obtenerlo en Vizcaya; 75, en Alava; 40, en Guipúzcoa, y 300, en Navarra. Sobre el resto recaerá el temor a la expulsión. En 1998, en Vizcaya lo fueron 70; en Guipúzcoa, 21, y en Álava, 58. Donem, de 37 años, natural de la República Popular de Angola, vive en Santurtzi y desde el pasado mes de diciembre sufre una propuesta de expulsión, a pesar de que certificados médicos de Osakidetza y otros avalan que necesita un tratamiento sanitario inexistente en su país. "Esto le posibilitaría acogerse al permiso de residencia por causas excepcionales ya que sufre un desplazamiento de tibia, mal soldada, y requiere rehabilitación durante más de un año, pero le deniegan el permiso. Actualmente, su caso está pendiente de resolución en el tribunal de lo Contencioso Administrativo", se lamenta la Andoni Basterra, que en la última convocatoria ha presentado en Vizcaya unas 300 solicitudes de permisos de residencia para otros tantos inmigrantes. El Centro de Información para trabajadores emigrantes (CITE), al igual que otros colectivos y ONG, prestan información, asesoramiento legal y formación educativa a personas casi siempre desvalidas. Tres magrebíes Absolutamente desvalida será la situación de tres amigos magrebíes menores de edad si no se resuelve su ilegalidad cuando pronto alcancen la mayoría. Responden a las iniciales A.W., R.B.A. y A.K. y llegaron a San Sebastián en 1997 con la única protección que les da su mutua compañía. Como tantos otros, pasaron el Estrecho de Gibraltar, pero en esta ocasión, su minoría de edad les permitió ser acogidos por una institución benéfica y no ser devueltos a su país. "La situación es kafkiana. Están protegidos pero sin residencia legal ya que carecen de documentación porque la embajada de Marruecos dice no identificarles. La subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa no les puede dar el permiso sin esos papeles, así que cuando cumplan la mayoría de edad se les dejará de prestar protección y podrán ser devueltos a su país", incide Basterra. No son los únicos, hay cientos que temen ese momento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de marzo de 1999