Moral y sida

HAY QUE decirlo sin rodeos: una moral sexual que anteponga los principios a la persona, como la que el nuevo vicepresidente de la Conferencia Espiscopal, el cardenal arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, ordenó predicar ayer sobre el sida desde los púlpitos de su diócesis, es sencillamente inhumana. Y si, además, intenta condicionar las políticas preventivas del Estado respecto de esta enfermedad -antes contagiarse de ella que usar el preservativo- representa una amenaza para la salud pública. Nadie que se refiera a este tema con responsabilidad, y menos si lo hace con pretesiones de magisterio, puede obviar el hecho de que casi 60.000 españoles, en su mayoría jóvenes, desarrollan sida en la actualidad y que su tratamiento cuesta a la sanidad pública más 150.000 millones de pesetas.El cardenal Carles es muy libre de proponer a sus fieles un ideal de conducta sexual basado en la abstinencia, la fidelidad a una pareja no contaminada y la castidad. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Antonio María Rouco, del que Carles toma ejemplo y doctrina, mantuvo igual postura ante la campaña de prevención del sida en la Comunidad de Madrid. Son formas de prevención conformes al concepto que la Iglesia Católica sigue teniendo respecto del sida como una suerte de castigo de Dios que hace pagar sus vicios al pecador. Allá quienes proponen a sus fieles una norma de conducta sexual tan estrictaque hace correr a quienes la infringen graves riesgos para su salud y su vida.

Pero lo que es rechazable es pretender generalizar esa norma sexual a la sociedad entera y todavía más, como hace ahora Carles y antes Rouco, criticar y descalificar al Estado por decirles a los jóvenes algo tan elemental y didáctico como que, si practican el sexo, la forma más segura de evitar contagios es la utilización del preservativo. Incluso desde las instancias oficiales de un Gobierno conservador como el actual se ha rechazado con contundencia una intromisión tan directa y prepotente de un jerarca de la Iglesia en un asunto que compete al Estado. No hacerlo habría supuesto avenirse a formas de reconvención propias de un confesionalismo trasnochado, inaceptables en un Estado aconfesional, en el que la Iglesia goza de plena libertad para moverse en la esfera religiosa que le es propia pero cuidando de no interferir en el ámbito de responsabilidad de los poderes públicos. La nueva cúpula de la Iglesia se ha estrenado, y ya hemos visto cón qué talante y con qué argumentos.