150 viviendas en el corazón del parque natural Cabo de Gata

El parque natural Cabo de Gata-Níjar, en el sureste peninsular español, podría perder la identidad ganada a pulso con el histórico aislamiento almeriense. Gracias a ello el parque, declarado reserva de la biosfera por la Unesco en 1997, constituye una tierra virgen preservada de la ocupación turística. Una reciente resolución del Tribunal Supremo obliga a ejecutar otra dictada en 1997 que amenaza con cambiar la fisonomía del lugar al permitir la construcción de 150 viviendas a 15 propietarios que compraron unos terrenos anexos al corazón del paraje.

La alta magistratura declaró en una sentencia de julio de 1997 "suelo apto para urbanizar" 15 hectáreas que no habían sido clasificadas como espacio protegido en 1986, momento en que los propietarios presentaron el proyecto de urbanización de la llamada zona de La Fabriquilla. La propuesta empresarial fue rechazada por la comisión de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, que por entonces diseñaba el futuro del parque. "Ya en el año 84 y 85 expertos biólogos y técnicos de la administración estaban diseñando y ordenando el territorio, con sus límites, de lo que sería parque natural", explica el delegado de Medio Ambiente, Juan José Luque. Frente a esta sentencia, la Junta de Andalucia elevó al Supremo un "interdicto de inejecutabilidad", con el propósito de paralizar cualquier construcción. Pero fue desestimado por el tribunal el pasado mes de octubre.Este hecho ha provocado indignación entre grupos ecologistas y perplejidad entre las autoridades políticas, cuya gestión ha sido cuestionada por no haber llegado antes a un acuerdo con los propietarios. Antonio Montes Martínez, uno de los vencedores del largo pleito y dueño de 250 metros cuadrados, no oculta su alivio: "Me informé muy bien antes de comprar y los terrenos eran urbanizables. Me costó un disparate por aquel entonces para hacerme una vivienda. Indiscutiblemente es la mejor playa de Almería y la que más de gusta. Por supuesto que me haría una casa allí".

De las 37.000 hectáreas terrestres que abarca esta reserva de la biosfera, un 83% es de titularidad privada. Dos personas, junto con el centro de experiencias de neumáticos de la empresa francesa Michelín, poseen el 60% del territorio del parque natural Cabo de Gata-Níjar. La administración andaluza mantiene con estos propietarios convenios de colaboración en la gestión del territorio.

Precisamente el Consejo de Gobierno de la Junta declaraba de interés público hace dos semanas las 6.200 hectáreas de Michelín como modo de impedir el acceso a empresas que, bajo el argumento de poseer derechos de explotación aurífera, practicaban espionaje industrial al complejo que da empleo a casi 500 trabajadores en la barriada nijareña de Ruescas.

Entre los objetivos generales de conservación de la Delegación de Medio Ambiente figura la "compra y adquisición de terrenos en áreas de interés", compromiso ultimado en cuatro ocasiones desde que se produjera la declaración.

Los terrenos de La Fabriquilla que han despertado la última polémica están catalogados con un grado de protección C2 y se consideran "espacios agrarios tradicionales que, junto con su aprovechamiento productivo, aportan riqueza y diversidad al paisaje".

Sus propietarios, representados por Aurelio Nogues Chulia, nunca quisieron vender a la Junta, según asegura el que fuera delegado de Medio Ambiente entre 1995 y 1997, Martín Soler. "Yo mantuve diez reuniones con el señor Nogues y él siempre ha condicionado los acuerdos en función de la resolución judicial. Siempre nos han planteado que estaban seguros de que lo iban a ganar en el Supremo. No llegamos a ofrecer cantidades de dinero", explica el ex delegado.

"Yo quiero construir la urbanización, que para eso se hizo todo esto", argumenta el constructor Antonio López Sierra.

La asociación de Ecologistas en Acción responsabiliza de un futuro y "lamentable" desastre ecológico al Ayuntamiento de Níjar, por ser éste quien "concedió" el derecho a construir.

El delegado de Medio Ambiente, Juan José Luque, ha manifestado su disconformidad con la sentencia.