Ley y anorexia

INCLUSO en el lecho de muerte, cuando ya sólo tienen piel sobre los huesos, las anoréxicas siguen viéndose gordas. Y se niegan a comer. Las familias que han tenido que bregar con esta enfermedad saben lo terrible que es ver cómo se consume una adolescente y no poder hacer nada para evitarlo, porque su trastorno es tan profundo que son incapaces de reaccionar sin ayuda. La sociedad no puede permanecer impasible ante un problema de salud pública que los especialistas no dudan ya en calificar como epidemia. Por eso, la iniciativa adoptada en relación a la anorexia por el juez de Barcelona encargado de los internamientos psiquiátricos merece ser elogiada y debería ser ratificada por otros magistrados. El juez Ignacio Sancho Gargallo, haciendo gala de una encomiable sensibilidad social, ha afrontado el problema con las armas que la ley le concede. Desde hace un tiempo, y a petición normalmente de las familias, ordena el internamiento de las muchachas cuya vida se encuentra en peligro precisamente porque no son conscientes del daño que se hacen a sí mismas.La medida judicial puede salvarles la vida, porque, contrariamente a lo que muchos creen, la anorexia no es una mera alteración psicológica. Quien la sufre padece un trastorno de la percepción tan radical que es incapaz de ver la realidad y entra en una espiral de inconsciente autoagresión que, de no mediar un tratamiento intensivo, puede conducirle a la muerte. De hecho, el 6% de las afectadas muere y un 30% no llega a curarse nunca del todo, lo cual indica la gravedad de esta enfermedad y la importancia de que sea tratada en la fase más precoz posible, algo que en este momento la red sanitaria española no es aún capaz de garantizar.

No se trata, pues, de un problema menor, y debe combatirse con todas las armas posibles. Las sociales, por supuesto, para evitar los factores que contribuyen a desencadenarla; las médicas, facilitando el tratamiento adecuado a cada caso con la celeridad necesaria, y, en último término, si es necesario, las judiciales.

Desde el punto de vista jurídico, la orden de internamiento de una persona que sufra anorexia está plenamente justificada y entra dentro de los supuestos que establece la ley para la incapacitación por enfermedad mental. No hay dudas al respecto. La joven anoréxica que se niega a ser tratada médicamente no está haciendo otra cosa que actuar conforme al ánimo inconsciente de autodestrucción que la lleva a no comer. Y no es una decisión libremente adoptada, sino el fruto de un trastorno objetivo y objetivable.

El dramático testimonio de las mujeres que han superado la fase crítica corrobora hasta qué punto están fuera de la realidad y hasta qué punto su vida depende de una intervención a tiempo, aunque sea forzada. En estos casos no caben dilaciones, porque el camino recorrido podría no tener ya retorno. La actuación del magistrado de Barcelona demuestra que en la Administración de justicia también hay profesionales atentos a la realidad social de su tiempo y capaces de reaccionar ante ella.