La oposición fuerza en Murcia una investigación sobre el plan de urbanismo

A regañadientes, pero se investigará. El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP), aceptó ayer, tras cinco horas de pleno, que la oposición(PSOE e IU) investigue las presuntas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para beneficiar a determinados concejales, a sus familias y a ciertos grupos industriales de la comunidad. Tras un recital de insultos, tuvo que ser José Luis Valenzuela, el secretario del Ayuntamiento -un puesto técnico, no político-, quien mediara en el gallinero: "Después de 30 años en este cargo", dijo, "sólo tengo un piso, un coche coreano y un prestigio ganado a pulso, y no lo voy a perder por las supuestas presiones de un salchichero".

Nadie preguntó de quién se estaba hablando. Quedaba claro que el secretario municipal se refería al dueño de embutidos El Pozo, Tomás Fuertes Fernández, a quien el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recalifica 600 hectáreas de su propiedad.José Luis Valenzuela justificó su intervención -no es usual que un técnico tome la palabra durante un pleno- en la defensa de su honor y la de sus funcionarios: "Si alguien demuestra algún fallo en el plan, será un error, pero nunca realizado a sabiendas y para beneficiar a terceros. Si alguien duda de mi honestidad, se las tendrá que ver conmigo".

Un final atípico para un pleno borrascoso. Los concejales de uno y otro bando se llamaron de todo. Abrió el turno Ginés Navarro, el responsable de Urbanismo, quien ya en la segunda frase de su intervención para defender el PGOU acusó a la oposición de "gritar, insultar, malinformar, mentir y calumniar". Todo seguido y por este orden.

El portavoz del PSOE, Pedro Guerrero, acudió presto a recoger el guante. Así, acusó al PP de estar al servicio de los grandes propietarios de la tierra, "una oligarquía que está emprendiendo la desamortización del siglo XXI, pero ahora con la ley en la mano".

No le anduvo a la zaga el de IU, Fernando Muñoz, quien acusó directamente al Gobierno del PP de ser "un subordinado político" de los grupos de presión económica. "No queremos", añadió, "un plan del grupo Fuertes".

Así estaban las cosas cuando, desde la zona reservada al público -aquí conocida como El Palomar-, llegó la alternativa al debate político en forma de llaves de judo. La policía municipal, ayudada por algún espontáneo, intentó desalojar a unos ecologistas que habían desplegado una pancarta comparando al plan general con el caballo de Atila: "Por donde pase este PGOU no crecerá la hierba".

En el forcejeo se advirtió que uno de los espontáneos llevaba una pistola bajo el chaquetón. Era un policía municipal, camuflado entre el público para controlar un pleno que ya se preveía tenso. La cosa no pasó a mayores. Pero la bronca siguió abajo.

La sospecha de corrupción en Murcia ha puesto muy nervioso al Gobierno popular y, en especial, al alcalde, Miguel Ángel Cámara, quien estos días precisamente ha sido confirmado por su partido como candidato a las próximas elecciones municipales.

Justificaciones

Desde el Ejecutivo se esgrimen -así lo hizo ayer ante la oposición- dos argumentos principales para probar su honradez. Uno, que el PGOU se hizo a ciegas, sin saber quién era el dueño de la tierra. Otro, que las propiedades de la familia Fuertes son tantas que era imposible no recalificarle algún terreno.Hay todavía un tercero que, según el PP, viene a confirmar los dos anteriores. "La familia Fuertes", insistió Ginés Navarro, el concejal de Urbanismo, "no sólo no está contenta con nosotros, sino que se queja por no haber sido recalificadas otras tierras suyas. De ahí que nos hayan presentado más de 20 alegaciones".

Tras cinco horas de descalificaciones, unas políticas y otras no tanto, Valenzuela aportó la idea de que fuera el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, en el que están representados todos los partidos, el que investigara las sospechas de trato de favor. Además de al grupo Fuertes, los concejales de la oposición señalaron a la familia del alcalde y de dos de sus ediles como beneficiarios del nuevo PGOU.

"No sé", concluyó Antonio Prefasi, ex concejal de IU, ahora en las filas de Nueva Izquierda y un experto en poner de los nervios a sus colegas populares, "si el PP ha hecho este PGOU para sus amigos, pero sí sé que en cuanto lo apruebe va a tener muchos amigos, amigos muy fuertes".

La ironía no pasó inadvertida. Llovía sobre mojado y los ediles del PP, muy molestos por las continuas alusiones a sus presuntas corruptelas, se emplearon con fuerza en el contraataque.

Hasta el alcalde, muy moderado hasta entonces, se refirió a "algún concejal socialista anterior que no podría explicar hoy cuál era su patrimonio antes de ser elegido y cuál después".

Desde ese momento y hasta el final hubo de todo. Hasta el recordatorio, realizado por Prefasi, de que uno de los concejales del PP -no dijo cuál- fue sin empacho a visitar a Tejero a la cárcel después del golpe de Estado fallido del 23-F.