Los médicos de Brasil "juzgan" a 26 colegas por colaborar con la dictadura militar

El consejo regional de medicina de Río de Janeiro abrió ayer un proceso profesional -al que se unirá otro similar en São Paulo- contra 11 médicos, muchos de reconocido prestigio, acusados de haber colaborado activamente con la dictadura militar que sojuzgó el país entre 1964 y 1985. Un total de 42 facultativos podrían, como jurados, llegar a impedir a 26 colegas el ejercicio de la profesión, en caso de ser condenados. Los expertos legales no excluyen que, una vez pronunciado el fallo profesional, intervengan también los tribunales ordinarios.

La constitución de los tribunales colegiales ha sido posible gracias a las denuncias presentadas a partir de 1990 por el colectivo Tortura Nunca Más, que pidió a los consejos médicos regionales de Río y São Paulo que examinaran la conducta ética de 100 facultativos sospechosos de haber colaborado con la tortura ejercida por la dictadura, encubierto esa práctica o realizado diagnósticos de las víctimas para orientar las sesiones de tormento.En el curso de los trámites procesales previos, algunos de los acusados murieron, otros probaron su inocencia y hubo quienes lograron paralizar el proceso mediante recursos de amparo. De los 100 inicialmente implicados han acabado en el banquillo 11 en Río y 15 en São Paulo.

Uno de los finalmente implicados, José António de Melo, de 74 años, que trabajó en el Instituto Médico Legal de São Paulo durante los 21 años de dictadura, ha afirmado que no entiende por qué se le va a procesar a él, y no a los militares a quienes obedecía. Está acusado de ocultar la muerte por tortura de un preso político.

Walter Sayez, de 75 años, un endocrinólogo de fama de São Paulo -en cuya clínica hay que esperar 15 días para tener cita-, se defiende diciendo que él nunca vio los cuerpos de los torturados y que se limitaba a firmar los informes que le presentaban. Se le acusa de ocultar el tormento sufrido por tres integrantes de organizaciones guerrilleras.

Otro de los médicos que serán procesados, Irany Novah Morães, es catedrático de la Facultad de Medicina de São Paulo. Tendrá que explicar los informes que dio sobre un militante de izquierdas y sobre un miembro de un grupo guerrillero tras examinar sus cuerpos, muertos por la policía. Es aún socio del hospital Itatiaia de São Paulo y autor de un libro, El error médico y la ley.

El ginecólogo Gracho Guimarães Silveira, de 63 años, actual catedrático de Medicina Legal en dos universidades de Río de Janeiro, se ha acogido al silencio alegando que le ha sido impuesto por su abogado. Guimarães había trabajado en el Instituto Médico Legal de Río desde 1972 hasta 1990. Está acusado de haber ocultado en sus informes la causa real de la muerte por tortura de personas de izquierda.

Un juicio cuanto antes

Quien en cambio ha pedido ser juzgado cuanto antes es el ginecólogo Eduardo Bruno, acusado de haber falsificado informes sobre cuatro miembros de organizaciones ligadas a la lucha armada, muertos bajo la tortura. "No aguanto más esta pesadilla", ha comentado a la revista Veja, y ha añadido: "Quiero ser juzgado cuanto antes. Estoy seguro de que voy a ser absuelto".Uno de los acusados, Samuel Haberkotn, de 63 años, tiene una historia curiosa: está acusado de haber ocultado la muerte por tortura de dos militantes del grupo Vanguardia Popular Revolucionaria. Mientras él ocultaba tales hechos, su ex mujer, Iara Iavelberg, actuaba clandestinamente en ese movimiento. Tras haberse separado de su marido, Iara vivió una historia de amor con el líder guerrillero Carlos Lamarca y acabó suicidándose en El Salvador al verse acorralada por las fuerzas represivas. Los consejos profesionales encargados del proceso argumentan que será un estímulo para que la clase médica mundial no olvide que en ese oficio la ética constituye un valor irrenunciable al servicio de la sociedad, que no debe ser quebrantado por ningún motivo. Los 26 acusados intentan aún que los tribunales ordinarios impidan el proceso profesional que, como mínimo, expone sus historiales a la luz de la opinión pública. El juicio será individual, y se calcula que cada caso llevará unas nueve horas.