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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El método de Pujol

EL PRESIDENTE del Gobierno catalán, Jordi Pujol, propuso ayer un nuevo horizonte de poder político para Cataluña, que completaría su anterior propuesta de pacto fiscal, en la que incluyó la recaudación de todos los impuestos por parte de su Gobierno y la devolución de un porcentaje de la cesta recaudatoria a la Administración central. Pujol ha presentado ambas propuestas en el mismo momento en que da su apoyo al Gobierno del PP y anticipa el compromiso de seguir apoyándole hasta las elecciones generales del 2000.Pujol asegura en su discurso que es el fin de la ambigüedad. "En España, todos sabrán qué queremos", dijo. ¿Y qué quiere Pujol? "Lo que resultaría de que la Generalitat ganara todos los recursos que hemos interpuesto o nos han interpuesto en el Tribunal Constitucional". Para conseguirlo propone un "pacto institucional de autogobierno" entre todas las fuerzas políticas catalanas, que "no se podrá plantear formalmente hasta después de las elecciones al Parlamento catalán y a las Cortes Generales".

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Entonces, ¿por qué plantearlo ahora? Obviamente, para evitar el debate electoral por excelencia, que versa sobre la gestión de los Gobiernos, y no sobre sus quimeras a medio o largo plazo. La "propuesta de poder político para los catalanes" tiene como objetivo polarizar el debate público de los próximos meses, durante las campañas electorales sucesivas, sobre nuevos techos de autogobierno, sin molestar a su aliado José María Aznar y a la vez sin dejar de movilizar al electorado nacionalista con un programa máximo que califica de "objetivo poderoso". Es probable que la autonomía catalana pueda y deba dotarse de más poder político. Pero quien necesita dotarse de un horizonte simplemente político no son los catalanes, sino el líder nacionalista Jordi Pujol, que, con 19 años de gobierno en Cataluña y seis de corresponsabilidad de gobierno en España, encara una vez más las elecciones en su papel de dirigente de un movimiento, en vez de hacerlo como gobernante que rinde cuentas responsablemente de su gestión. Y necesita hacerlo, además, con una propuesta de reconocimiento jurídico de la singularidad de Cataluña, expresamente diferente de las otras autonomías, para sortear su principal escollo electoral: la propuesta de aumentar el techo de la autonomía dentro de un modelo federal que propugna su contrincante Pasqual Maragall.

De una parte, Pujol hace un análisis positivo de la Constitución y el estatuto, cosa que le diferencia de sus amigos del PNV; asegura que no hace falta reformar ninguno de los dos textos legales y adelanta incluso que su propuesta "será asumible". De la otra añade que están agotados, reconoce que sería muy difícil cambiarlos, porque la Constitución "está blindada" y el estatuto requiere una mayoría de dos tercios, y señala que la propia identidad catalana, nada menos, se vería amenazada en caso de que no se le haga caso.

No es el fin de la ambigüedad, sino la renovación de la ambigüedad; es decir, el Pujol de siempre. Así, junto a reiteradas loas a la Constitución, propone un sucedáneo del "ámbito vasco de decisión", que en su caso es el "pacto institucional de autogobierno", destinado a adoptar su relectura de la Constitución y del estatuto "en forma de un paquete completo, de una propuesta cerrada", que se presentaría ante las Cortes Generales y que las fuerzas políticas españolas "deberán tomar en cuenta". Y no olvida, naturalmente, su inevitable dosis de autosatisfacción cuando asegura que durante las últimas dos décadas "nadie ha tenido tanto sentido de Estado" ni "ha asumido tantos riesgos y responsabilidades" como "nosotros", que tan pronto se refiere, como si fueran la misma cosa, a sí mismo y a CiU, los nacionalistas en general, a Cataluña o a los ciudadanos catalanes.

La lista de las reivindicaciones que plantea Pujol no es lo más sustancial de su propuesta. Son el resultado de una lectura jurídica minuciosa de la Constitución y el estatuto para intentar sacar todo lo que sea posible. La relectura de la Constitución arroja una agenda de viejos conocidos del debate autonómico español: Administración única; mayores competencias de justicia; reconocimiento de la acción exterior de la Generalitat en lengua, cultura, formación y comunicación; competencias en infraestructuras, en organización territorial y régimen local; innovación tecnológica e investigación; incremento de la capacidad normativa en competencias ya existentes, o reconocimiento de que el presidente es el representante ordinario del Estado en Cataluña. Pero, en cambio, halla inspiración incluso en el modelo quebequés cuando asegura que "se puede introducir el concepto de nacionalidad-sociedad diferenciada en el marco constitucional".

El movimiento de Pujol, siendo electoralista, tiene también una cierta profundidad estratégica, dada la dificultad de alcanzar el pacto político que se propone. Lo dice bien claramente: si no lo consigue regresará al método actual de "condicionar toda su actividad política a nivel español a conseguir gradualmente el conjunto de reivindicaciones que ha presentado". Pujol ha elaborado, así, su programa de reivindicaciones para el próximo siglo, que finalmente son las de siempre.

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