El Poder Judicial critica el acuerdo de la Cámara vasca sobre Josu Ternera

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresó ayer su preocupación por el rechazo del Parlamento vasco a la resolución de la Audiencia Nacional que impidió al preso etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, acudir a la sesión constitutiva de la Comisión de Derechos Humanos de dicho Parlamento. Con el único voto en contra de Emilio Olabarría -ex diputado del PNV-, el CGPJ recordó el "principio constitucional de división de poderes", según el cual corresponde "a los jueces en exclusiva la aplicación de la legalidad vigente".El pasado 2 de febrero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó a Josu Ternera -ex dirigente de ETA en situación de preso preventivo- su petición de acudir a la constitución de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, a la que pertenece en representación de Euskal Herritarrok. La resolución judicial explicaba que, frente a un anterior traslado a Vitoria para tomar posesión del escaño, que sí fue permitido, el entonces solicitado "no afecta al acceso al cargo de parlamentario, sino al normal ejercicio del mismo".

La Audiencia Nacional aplicó el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica que el procesado que estuviere ostentando función o cargo "quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

El 12 de febrero, el pleno del Parlamento vasco acusó a la resolución judicial de vulnerar los derechos parlamentarios e "ignorar la voluntad" popular. El pleno del CGPJ resaltó ayer, entre otras "consideraciones críticas" hacia la resolución judicial, la parte final de la propuesta parlamentaria vasca, que decía así: "El Parlamento expresa su rechazo ante esta actitud de la Audiencia Nacional, porque su resolución ignora la voluntad tanto de este Parlamento como de la sociedad vasca". El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, expresó el criterio del pleno del Consejo, que "considera necesario manifestar su preocupación ante este tipo de acuerdos parlamentarios, que contienen una censura formal por parte del poder legislativo de actuaciones de órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su competencia".

El pleno del CGPJ analizó el acuerdo parlamentario y expresó su opinión sobre el mismo: "Tales acuerdos no responden a las exigencias del principio constitucional de división de poderes, que atribuye a los jueces en exclusiva la aplicación de la legalidad vigente...". El acuerdo del pleno fue votado por 18 de los 19 consejeros presentes.