El PP rechaza crear un cupo de pisos públicos para mujeres maltratadas

Ninguna norma regional incluirá una reserva expresa de pisos públicos para mujeres maltratadas. El grupo parlamentario del PP rechazó ayer, en la Comisión de la Mujer de la Asamblea, una proposición no de ley del PSOE que instaba a la Comunidad a modificar, en un mes, el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de forma que se crease un cupo para mujeres maltratadas. Una circunstancia que en el actual decreto, aunque sin reconocer un cupo, ya es bonificada.

La diputada regional socialista Helena Almazán defendió durante su intervención parlamentaria que se crease "un cupo de viviendas para el colectivo de mujeres que han sido víctimas de malos tratos y que se encuentren en una casa o centro de acogida pública o privada". Almazán pedía que esta circunstancia puntuase en los baremos oficiales de adjudicación de pisos con el fin de que las víctimas "no tengan que ver dilatado en el tiempo la solución de su problema".Pero Pilar Liébana, portavoz del Partido Popular, replicó que el decreto que fija el actual procedimiento de adjudicación de viviendas públicas ha sido modificado ya en dos ocasiones a lo largo de esta legislatura, por lo que no es conveniente cambiarlo una tercera.

Liébana señaló también que la existencia de este cupo obligaría a hacer públicos los baremos de adjudicación. "No me gustaría entrar en una comunidad de vecinos con el cartel de ser la maltratada", explicó Liébana. Actualmente, el decreto que regula las adjudicaciones prima con 13 puntos a las mujeres que viven en una casa refugio y da otros cinco a las que tienen conflictos familiares graves. No obstante, y a diferencia de otros colectivos (minusválidos, pensionistas, familias monoparentales...), no establece un cupo concreto para ellas.

Defensor del pueblo

La diputada socialista recordó durante su intervención que el Defensor del Pueblo reclamó en un informe de octubre del año pasado, donde se hacía referencia explícita al caso de la Comunidad de Madrid, que "se contemple de forma específica en los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública la situación de las mujeres que han sido víctimas de malos tratos".

Como alternativa a la proposición socialista, el grupo parlamentario popular presentó una enmienda que instaba al Gobierno regional a firmar un convenio entre las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales y Urbanismo que permitiese a la Dirección General de la Mujer "proponer la adjudicación de las viviendas al amparo" del actual decreto que regula la concesión de pisos públicos.

Helena Almazán respondió que "sólo había que haber modificado el decreto para ayudar a las maltratadas, no proponer un convenio entre consejerías que no solucionará nada". Actualmente, y según el PSOE, "cada quince segundos" una mujer es maltratada en España. "Durante el tiempo que las víctimas permanecen en algún centro o casa de acogida, sus necesidades básicas están cubiertas, pero, como su estancia en este tipo de establecimientos es temporal, al final se enfrentan con dos problemas básicos que les permitan rehacer su vida: la necesidad de un empleo y de una vivienda para ellas y sus hijos".

El informe del PSOE recuerda que "muchas de las mujeres que han sido objeto de malos tratos han tenido que abandonar sus bienes y, en ocasiones, su trabajo para huir del acoso del agresor".