Persiste el desacuerdo parlamentario sobre la designación y funciones de la autoridad audiovisual

La ponencia parlamentaria que trata de alumbrar un modelo de Consejo Superior de los Medios Audiovisuales ha aplazado, al menos hasta la semana próxima, el intento de lograr un consenso sobre la composición, nombramiento y atribuciones de la futura autoridad audiovisual.Tanto el Grupo Popular como el Socialista, Izquierda Unida, Convergéncia i Unió y el Grupo Mixto han presentado distintas proposiciones sobre sus iniciativas para configurar ese Consejo Superior de Medios Audiovisuales. A partir de ellas ha surgido un nuevo texto, redactado por un letrado, que pretende reunir y coordinar las diferentes ideas. La agencia Servimedia informó ayer de que ese nuevo texto prevé que el Consejo Superior de Medios Audiovisuales quede compuesto por un presidente, nombrado por el Gobierno, y por ocho vocales, designados por el Ministerio de Fomento. Antes de su designación, esas personas deberían someterse a una valoración por parte de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE.

Algunos de los portavoces de los partidos consultados por este periódico desmintieron que esas propuestas sean fruto de un consenso. Fuentes del PSOE afirmaron tajantemente que no existe acuerdo y que su grupo pidió la suspensión de la ponencia porque el nuevo texto responde más a los intereses del PP y de CiU que a un intento de pacto.

La creación de una autoridad audiovisual, ya planteada desde la legislatura anterior con un consenso básico que se alcanzó en el Senado, ha resultado muy polémica a lo largo de la actual legislatura, cuando se ha pasado de las ideas a los hechos. El Grupo Popular y el Ministerio de Fomento defendieron el criterio de atribuir la vigilancia de los contenidos televisivos a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Esta solución fue combatida por varios grupos de la oposición, principalmente el socialista. Ahora se ha abierto paso la idea de constituir un órgano de nuevo cuño, pero persiste la polémica, tanto en lo que se refiera a la forma de designación, como a la capacidad de sanción que se le atribuya y a su ámbito de intervención.