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PP y CiU rebajan la investigación sobre las subvenciones a una "subcomisión de análisis"

Javier Casqueiro

El PP intentó ayer disipar las dudas intelectuales de Josep Piqué sobre la oportunidad de votar a favor de una comisión de investigación que indague las polémicas subvenciones concedidas durante su etapa en Industria. Para ello, realizó una contraoferta parlamentaria, legal y regulada, pero de escasa trascendencia política. El PP anunció que creará una subcomisión de análisis sobre esas ayudas, sin límites temporales ni de comparecientes, tras negarse con CiU en la Junta de Portavoces del Congreso a que se debata este asunto en pleno. El PSOE avisó que no asistirá.

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El principal partido de la oposición considera la propuesta del PP una argucia para enmascarar el caso de las ayudas. IU no aclaró si participará en esas reuniones, pero sí descalificó la actitud del PP como propia de una "subdemocracia". El PSOE seguirá tramitando cada semana una pregunta sobre la gestión irregular de Piqué y buscando apoyos para montar una comisión de investigación.Por su parte, el PP facilitó ayer una copia de la resolución de 26 de junio de 1996 de la Presidencia del Congreso, apenas un mes después de la llegada de su partido al Gobierno, en la que se establecieron las reglas de funcionamiento de este tipo de subcomisiones, para argumentar que son algo tan normal y perfectamente válidas como las comisiones de investigación, "pero sin el prejuicio a priori" y la sombra de "irregularidades" con que parten estas últimas. El PP ha utilizado ya esta salida parlamentaria durante esta legislatura para cuestiones tan conflictivas como la sanidad, la reforma del servicio militar o para analizar el modelo de la televisión pública.

El PSOE ha colaborado en esas sesiones esporádicamente y nunca ha obtenido ningún resultado en limpio. Ahora se teme de nuevo lo peor. Su secretario general, Joaquín Almunia, denunció la intención del PP de "enterrar" la investigación real en torno a Piqué, sobre el que consideró que ya hay "demasiados indicios" en sus finanzas familiares para facilitar una investigación en profundidad.

Respaldo nacionalista

El portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, explicó primero que su partido cuenta ya con el respaldo de sus socios parlamentarios, CiU, PNV y Coalición Canaria, para formar esa subcomisión y añadió que se creará al margen de lo que haga en su momento el PSOE. De Grandes acusó a los socialistas de practicar el "filibusterismo, la piratería parlamentaria y la impotencia política" por su insistencia en reclamar la comisión de investigación sobre este caso.

Luis de Grandes ofreció una curiosa interpretación de por qué su partido rechaza la creación de esta comisión de investigación cuando en su programa electoral se comprometieron a que si disponían de mayoría parlamentaria nunca las boicotearían. El dirigente del PP entiende que el debate que exige el PSOE es sobre un asunto "extemporáneo, sin que se aporten datos o noticias nuevas" sobre lo ya aclarado en la Cámara baja.

Ayer mismo, sin embargo, se conoció la concesión de otra subvención del ministerio dirigido por Piqué a una empresa de Miguel Pérez Villar, ex colaborador del Gobierno de José María Aznar en la Junta de Castilla y León condenado por prevaricación.

Los dirigentes del PP y del Gobierno intentaron transmitir por todas las vías posibles que su partido no se negaba a indagar, sino que, simplemente, no querían facilitarle a la oposición una baza más para "criminalizar" la vida política, como apostilló José María Michavila, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El PP, de hecho, garantizó ayer que esa subcomisión podrá extender su trabajo durante el tiempo que necesite, recibir toda la documentación que precise y convocar a cualquier compareciente. De Grandes afirmó que no tendría ninguna "traba". El propio De Grandes admitió, sin embargo, que oficialmente no se puede obligar a nadie a asistir a una subcomisión mientras que sí puede hacerse para una comisión de investigación. El dictamen de la subcomisión puede llegar a discutirse en pleno.

En ese afán por justificar que una subcomisión de análisis del diseño, ejecución y resultados de la política de subvenciones del Ministerio de Industria y Energía puede ser "tan efectiva" como una comisión de investigación le ayudó mucho ayer al PP la posición de nuevo de CiU, el socio catalán del Gobierno. Su nuevo portavoz en el Congreso, Josep López de Lerma, así lo aseguró. López de Lerma, en cualquier caso, indicó que el ministro "debe explicarse, y cuantas más veces lo haga, mejor".

El ministro afectado, el catalán Josep Piqué, adelantó, por su parte, que la subcomisión citada no se detendrá en analizar las ayudas concedidas durante su etapa, sino que las comparará con la época del PSOE en el Gobierno.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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