Condenado a 15 años de cárcel el líder de los mineros rumanos

El Tribunal Supremo de Justicia de Rumanía condenó ayer al líder minero, Miron Cozma, a 18 años de cárcel por su responsabilidad en las manifestaciones violentas de los mineros en Bucarest, que condujeron en 1991 a la caída del Gobierno de Petre Roman, informó Radio Rumanía. El tribunal declaró a Cozma culpable de haber socavado el poder del Estado, violado el régimen sobre tenencia de armas y municiones y puesto en peligro la seguridad del tráfico ferroviario, según las acusaciones formuladas por la Fiscalía General. Cozma intentaba ayer impedir su detención refugiándose en la mina de Lonea, en el Valle de Jiu, donde está el núcleo más fuerte de sus correligionarios, a los que pretende volver a movilizar.El representante de la Fiscalía dijo ante el Tribunal que la manifestación minera (mineriada) de l991 tuvo un carácter puramente político, dado que Cozma manipuló a las masas de los mineros y llegó a socavar el poder del Estado. La sentencia, que tiene carácter definitivo, siguió a un recurso presentado por la Fiscalía General contra el veredicto, considerado demasiado blando, que emitió contra Cozma un Tribunal de Bucarest el pasado julio de 1998, que lo condenó a un año y medio de cárcel por alterar el orden público. Miron Cozma, de 44 años, ingeniero de minas y líder sindical de los mineros del Valle del Jiu, condujo a unos 12.000 mineros de esta cuenca carbonífera en sendas marchas sobre Bucarest en 1990 y 1991. La primera mineriada aplastó sangrientamente una manifestación a favor de la democracia de los estudiantes de la capital, mientras que la segunda tuvo como consecuencia la caída del Gobierno de Roman.

En su última acción, el pasado mes de enero, Cozma se situó al frente de unos 10.000 mineros que emprendieron una nueva marcha hacia Bucarest, conviertiendo una protesta social en una rebelión que puso en peligro al actual Gobierno de coalición que preside el cristianodemócrata Radu Vasile. Este último conflicto se resolvió por un acuerdo entre el Gobierno y los mineros, que cedieron ante la amenaza de las autoridades de usar al Ejército y de declarar en el país el estado de excepción