Sindicatos y patronal andaluces apoyan la subida de las pensiones y la revisión del Pacto de Toledo

La patronal andaluza y los sindicatos mayoritarios respaldaron ayer la posición que mantiene la Junta frente al Gobierno central, en relación a la subida de las pensiones asistenciales y no contributivas por encima del índice de precios al consumo (IPC). El presidente de la patronal andaluza, Rafael Álvarez Colunga, abogó por la apertura de un "debate profundo" para modificar el Pacto de Toledo. Los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras calificaron de "equivocación" el recurso anunciado por el Gobierno contra la decisión de la Junta de subir con sus propios fondos las pensiones.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos han tomado partido en el duelo que Junta y Gobierno central mantienen por la subida de las pensiones asistenciales y no contributivas. El presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, indicó que los empresarios comprenden que "la Seguridad Social hay que reformarla", y añadió: "Hay que entrar en un debate profundo, ya que ahora mismo hay un Pacto de Toledo que hay que cumplir, y si indudablemente no da respuesta a todas las necesidades sociales de España, habrá que cambiarlo y negociarlo".El secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, calificó de "equivocación" la decisión del Gobierno de recurrir la subida de pensiones por la Junta, y consideró que "el problema no puede estar en las competencias" entre ambas administraciones. Una tesis respaldada por CCOO, que acusó al Gobierno central de "justificar con datos falsos" el recurso, ya que al entender de Julio Ruiz, secretario general en Andalucía, "la subida de las pensiones no va a poner en peligro la llamada caja única de la Seguridad Social".

La subida de algunos tipos de pensiones en Andalucía provocó ayer un nuevo cruce de amenazas y acusaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo autónomo. En Madrid, el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, acusó al presidente andaluz, Manuel Chaves, de impedir la tramitación de 10.000 expedientes de salario social y de representar a la única comunidad autónoma que se niega a pagar su deuda con la Seguridad Social.

En tono irónico, Pimentel invitó a Chaves a que pague la deuda con la Seguridad Social, al tiempo que le acusó de ser "el único presidente que no la paga". El ministro se refirió así a que la Junta es la única que no ha firmado el pacto de conciliación de dicha deuda, pese a que firmara con el Gobierno, el pasado 18 de diciembre, un preacuerdo con los términos de esta conciliación, informa Europa Press.

A la espera de la Junta

Los términos de este preacuerdo fijaban que el principal de la deuda (3.499 millones de pesetas) se pagaría antes del final de 1998, conmutados a cambio de las transferencias pendientes para el control de la incapacidad temporal; los recargos de mora (algo más de 225 millones) se condonarían; y la parte más importante de la deuda, los recargos de apremio (21.447 millones de pesetas), se aplazarían a 10 años. Estas mismas fuentes indicaron que Trabajo está a la espera de que la Junta firme el acuerdo definitivo de conciliación de deuda en los términos mencionados, "algo en lo que el ministerio está muy interesado".

En su crítica, el ministro olvidó mencionar algunos de esos términos, ya que el preacuerdo -remitido por su ministerio a los medios- reconoce un saldo positivo para la Junta de 3.126 millones de pesetas al compensar el principal de la deuda andaluza con las transferencias pendientes de saldar por parte del Estado (6.625 millones), así como que el preacuerdo establecía que al no estar de acuerdo la Junta con la deuda por el recargo de apremio, se acordaba "por parte de las dos instituciones" que fuera la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo la que resolviera si la comunidad debe pagar.

Por su parte, la Junta contraatacó a Pimentel con declaraciones de dos de sus consejeros. Gaspar Zarrías, titular de Presidencia, afirmó que el Gobierno andaluz "no va a mover un ápice" su posición respecto a las pensiones. "Sobran 29 días", dijo, del plazo establecido en el requerimiento del Gobierno para retirar el decreto sobre la subida de las pensiones. Y añadió: "Están amenazando a 160.000 andaluces, que son los que menos tienen, con ir al Tribunal Constitucional". Por su parte, el consejero andaluz de Educación, Manuel Pezzi, instó al Gobierno a que recurra las subidas salariales de funcionarios del Estado por encima del IPC en comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas y el PP. Para Pezzi, los andaluces están siendo "tan machacados por el Gobierno de Aznar que es para echarse a la calle".

Por su parte, Joaquín Almunia, desde Madrid, acusó al Gobierno de incumplir "sistemáticamente" el Pacto de Toledo y de haber duplicado el endeudamiento de la Seguridad Social desde 1995. Almunia dijo que la reacción del Gobierno ante la subida de las pensiones en Andalucía es una "rabieta injustificada" y calificó de "sarcasmo político que en la España de 1999 el Gobierno emprenda una cruzada contra la Junta por mejorar las pensiones no contributivas", informa Ana Sánchez.

Almunia se preguntó en qué país se puede subir el sueldo de los catedráticos en Canarias y no las pensiones de menos de 38.000 pesetas en Andalucía. "Me gustaría ver a algún ministro de Aznar con la misma energía cuando se habla de pensiones en Andalucía y cuando sus socios desafían al Estado", aseveró Almunia.