La Generalitat incumplió el criterio de deuda de Maastricht en 1996, según la Sindicatura

La deuda viva a largo plazo de la Generalitat al final de 1996, que ascendía "a 819.291 millones de pesetas, era superior al límite pactado con el Consejo de Política Fiscal y Financiera dentro del programa de convergencia europea, que se situó en 759.451 millones", según el informe de la Sindicatura de Cuentas de ese ejercicio remitido al Parlamento catalán. El informe dice que la carga financiera (intereses más amortizaciones) fue de 122.136 millones de pesetas en 1996. Señala que este coste seguirá creciendo hasta un máximo de 182.830 millones en el 2001.

Este coste máximo de 182.830 millones de pesetas (1.098 millones de euros) previsto para el año 2001 refleja una situación peor a la del informe realizado por los síndicos durante el año anterior. En el informe de la Sindicatura de 1995 se pronosticaba un coste de 112.253 millones de pesetas para 1996 y la carga máxima se situaba en 1999 con 148.760 millones de pesetas (894 millones de euros). El último informe refleja un claro empeoramiento del impacto de la deuda sobre las finanzas públicas de la Generalitat de Catalunya. La proyección para los próximos años no parece muy alentadora si se tiene en cuenta que la deuda del Gobierno de Jordi Pujol no ha cesado de crecer. A efectos indicativos cabe señalar que estas proyecciones inquietantes se realizaron con los datos de 1996 cuando la deuda de la Administración autonómica era de 1,2 billones de pesetas, según el Banco de España. Los últimos datos disponibles del banco emisor (tercer trimestre de 1998) situaban el endeudamiento del Gobierno autónomo en 1,43 billones de pesetas. Es muy probable que la rebaja de los tipos de interés sea absorbida por este aumento de la deuda.

Exceso contable

Los síndicos advierten también que el límite legal fijado "sobre endeudamiento a largo plazo se sobrepasó en noviembre de 1996, en un importe de 5.250 millones de pesetas, a causa de la disposición del préstamo puente de 13.500 millones en espera de la emisión de deuda pública". En relación con este punto, la Intervención del Departamento de Economía y Hacienda hace constar que el exceso de 5.250 millones "se debe a la imposibilidad técnica de hacer coincidir la fecha de vencimiento de la disposición del crédito con la fecha de emisión de la deuda mediante subastas. El día 18 de diciembre, el endeudamiento está otra vez situado por debajo del límite".

A pesar del incumplimiento de los criterios de Maastricht, el coste financiero de la deuda de la Generalitat se mantiene en los límites que marca su propia legislación. Así, la carga financiera de 1996 representaba el 8,3% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto del Gobierno de Pujol de aquel año, inferior al 25% que establece como tope la ley.

El informe de la Sindicatura llama también la atención sobre la falta de información sobre esta peculiar forma de financiación de la Generalitat. Los síndicos señalan que "el estado de compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros ha de incluir las cargas derivadas del endeudamiento, los censos enfitéuticos y la adquisición de una concesión administrativa". Hay que recordar que la Generalitat ha adquirido varios inmuebles mediante el sistema de censos enfitéuticos (derecho real por el que se afecta un inmueble a cambio de pagar un canon) y que es una forma de endeudarse sin que aparezca reflejado en la contabilidad propia de la deuda.

La Generalitat tampoco ha cumplido la obligación de hacer "una memoria justificativa de los costos y rendimientos de los servicios públicos, y el grado de cumplimiento de los objetivos programados en este sentido, se ha de indicar que se ha presentado únicamente la memoria referida al Servicio de Control Financiero dependiente del Departamento de Economía y Hacienda".

El informe dice que para que la liquidación presupuestaria se aproxime al equilibrio presupuestario aprobado, es conveniente indicar la financiación de los créditos incorporados y de los créditos ampliables que autoriza la ley, así como "ajustar más a la realidad el presupuesto de determinados ingresos y gastos iniciales". Indica que no han podido validar el inmovilizado porque no se ha acabado el inventario.