La ley, al diván

El MINISTRO Piqué mandó ayer al psiquiatra a quienes le piden explicaciones por su política de subvenciones con cargo a los programas de reindustrialización de las zonas mineras. Dijo que más que un problema político lo que hay es una obsesión enfermiza contra él, y que ya no tiene dudas de que fue un acierto rechazar la comisión de investigación que se trató de abrir en el Congreso. Sin embargo, esa investigación es ahora más necesaria que nunca.El último caso que ha salido a la luz es la subvención concedida a una empresa asturiana de telecomunicaciones que recibió 511 millones de pesetas con cargo a ese programa. Ayer se supo que horas antes de que ese caso saltara a las ondas de la cadena SER, Industria envió a los sindicatos una propuesta para modificar la orden ministerial que regula tales subvenciones. La modificación se refiere justamente al punto que excluye a las empresas de servicios de las beneficiarias de tales fondos. ¿Se trata de encajar esta subvención en la norma con carácter retroactivo?

Es posible que Industria se equivocara al excluir de la lista de empresas subvencionables a las de servicios -salvo las de promoción turística-, pero la reglamentación obliga en primer lugar a quien la fija. El argumento de que una instalación de cable exige una cuantiosa obra civil e industrial vale también para peluquerías, bares, lavanderías, etcétera, que quedan excluidas en una lista por lo demás minuciosa. ¿O no hay cañerías y equipos industriales en esas empresas?

Esquivar la norma en un caso particular perjudica a posibles competidores. Es, pues, necesario investigar si ha habido trato de favor, si hubo o no algún conseguidor. El argumento de que Telecable va a crear puestos de trabajo es aplicable igualmente a cualquiera de las excluidas. No basta para saltarse una norma que excluye a las empresas de servicios. Cámbiese al menos la norma para que haya igualdad de trato. Lo demás se llama clientelismo, y es un motivo obvio de investigación parlamentaria. Y no por obsesiones de diván, sino porque estar en el poder no da derecho a interpretar arbitrariamente las reglas.