El Gobierno envía un requerimiento a la Junta andaluza para que anule la subida de pensiones

El Consejo de Ministros decidió ayer requerir a la Junta de Andalucía que retire el decreto sobre pensiones asistenciales y no contributivas, con una subida superior a las del resto de España (1,8%). El Gobierno central entiende que el equipo presidido por el socialista Manuel Chaves "ha sobrepasado el ámbito de competencias que le corresponde, por cuanto la cuantía de las pensiones es de competencia exclusiva estatal". El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, advirtió que si el Gabinete andaluz no atiende ese requerimiento, llevarán el caso al Tribunal Constitucional.

El Gobierno central considera que la decisión de la Junta "modifica el régimen económico de las pensiones no contributivas, vulnerando la competencia exclusiva atribuida al Estado por la Constitución en materia de régimen económico de la Seguridad Social". En su requerimiento al Ejecutivo andaluz añade que "se trata de evitar el quebrantamiento de la unidad del sistema y de que se generen desigualdades entre los ciudadanos", y que la mejor garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es el Pacto de Toledo, suscrito por todos los partidos. Si la Junta no rectifica en un plazo de 30 días, el Gobierno central recurrirá mediante un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, según anunció en Córdoba el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, quien añadió que el equipo que preside el socialista Manuel Chaves ha tomado "un camino peligroso y suicida", informa José Luis Rodríguez.

La medida que abre un nueva línea de enfrentamiento entre las dos administraciones la aprobó la Junta el pasado 29 de diciembre y consiste en subir un 3,6% (9.385 pesetas al año) las pensiones no contributivas (37.280 pesetas), que perciben 107.500 andaluces, y en un 5,5% las asistenciales de (una cantidad media similar a la anterior), que cobran 45.856 personas. Ambas están gestionadas por la Junta en base a sus competencias en materia de asistencia y servicios sociales y supondrá un desembolso total de 3.343 millones de pesetas este año. Las dos se nutren de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que la Junta considera "falso" el argumento de Trabajo cuando afirma que la subida rompe la unidad de caja de la Seguridad Social, que se nutre exclusivamente de las cuota de trabajadores y empresas.

El Gobierno andaluz respondió de inmediato que no hará caso al requerimiento de Trabajo, según el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, y se mostró convencido de que su medida de subir con fondos propios esas pensiones tiene todas las garantías jurídicas, por lo que un posible recurso del Ejecutivo central no prosperará ante el Constitucional.

El presidente Chaves dijo al respecto que la decisión del Gobierno responde a "una motivación exclusivamente política, porque no hay base para recurrir el decreto". Y añadió: "Lo más sorprendente es la actitud disuasoria del Gobierno [con Andalucía] cuando ha habido comunidades autónomas que han subido los sueldos de los catedráticos en más de 600.000 pesetas y no se les ha ocurrido requerirles a esas comunidades".

El consejero Pérez Saldaña afirmó que será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra. "Es escandaloso que se quiera impedir a los pensionistas que cobran 37.000 pesetas al mes un complemento anual de 9.385 pesetas, mientras el Gobierno compensa a las eléctricas con 1,3 billones de pesetas y rebaja los impuestos a los más ricos", añadió Saldaña.

El secretario de organización del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, enmarcó el requerimiento del Consejo de Ministros a la Junta en un intento de impedir que otras comunidades autónomas sigan el camino del Gobierno de Chaves.