Las comunidades "socialistas" pierden 82.000 millones, según el MAP

El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Francisco Camps, aseguró ayer que las tres comunidades autónomas que no aceptaron el modelo de financiación actual -Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, todas gobernadas por el PSOE- dejarán de ingresar 82.000 millones de pesetas durante el periodo 1997-1999. Este modelo consiste en que las comunidades que lo aceptaron tienen cedido el 30% de la recaudación del impuesto sobre la renta en su territorio. , con capacidad normativa sobre una parte de la tarifa. No obstante, tras una modificación el pasado año, se les garantiza un aumento de sus ingresos por IRPF igual al PIB nominal (el crecimiento económico con inflación).Esta modificación fue introducida porque la recaudación por IRPF evolucionaba a la baja y crecía por debajo del PIB nominal, situación que se agravará en 1999 por la pérdida de recaudación por la reforma del IRPF. Esto perjudicaba a las comunidades que aceptaron el modelo, al ligar parte de sus ingresos al IRPF. Las no incluidas tienen garantizado desde el principio un crecimiento de sus ingresos igual al PIB nominal.

Ahora, las condiciones son las mismas, pese a lo cual el MAP insiste en censurar la postura de las comunidades socialistas. Éstas han mantenido lo contrario; es decir, que al menos hasta la modificación del acuerdo salían ganando por la no aceptación del modelo.

Camps afirmó, durante la presentación del Informe Económico Financiero de las Administraciones Territoriales de 1997, que, ese año, las comunidades socialistas dejaron de percibir 4.510 millones de pesetas, 19.810 millones en 1998, y en 1999 dejarán de ingresar 58.235 millones.

Crítica del PSOE

El responsable de política autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, aseguró ayer que Camps "miente" cuando hace estas afirmaciones y le acusó de utilizar "cifras falsas". En su opinión, lo que el Gobierno ha hecho es "castigar" financieramente a las comunidades socialistas, imponiendo una fórmula decidida unilateralmente. El secretario de Estado del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) calificó de "desacertada" la actitud de estas comunidades por "descolgarse" de un sistema "homogéneo" para todas las demás. "Se lo han tomado como un ariete político cuyo resultado es una pérdida cualitativa y cuantitativa", dijo Camps. Respecto del futuro modelo de financiación y en relación a propuestas como el "pacto fiscal" planteado desde la Generalitat de Catalunya, Camps opinó que es mejor esperar al final de la vigencia del actual sistema, en el 2001, para estudiar el nuevo. No obstante, pidió que no se genere "inquietud" al respecto.

Según el informe presentado ayer, el gasto público gestionado por el Estado supuso en 1997 el 61,23% del total; el de las comunidades autónomas, un 25,72%, y el de las corporaciones locales, el 13,05%.