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Barrero propuso por carta un debate autonómico en el Senado cuando ya era público su relevo

Luis R. Aizpeolea

Juan Ignacio Barrero, que ayer formalizó al fin su dimisión como presidente del Senado y que hoy será sustituido por la ex ministra Esperanza Aguirre, envió hace diez días, el pasado 29 de enero, cuando ya sabía que iba a cesar en el cargo, una carta a los jefes de los gobiernos autonómicos en la que les consultaba sobre la posible celebración del debate sobre el Estado de las autonomías. Antes de que los presidentes le respondieran, el 3 de febrero el nuevo ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, afirmaba a un grupo de periodistas que no se celebraría dicho debate.

La Presidencia del Senado confirmó ayer la existencia de la carta y la justificó por el cumplimiento de un mandato de la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, del pasado diciembre, aún a sabiendas de que Barrero ya no sería presidente cuando recibiera las respuestas de los responsables autonómicos. En la misiva se subrayaba que, pese a que "el Reglamento del Senado prevé la celebración de un debate anual sobre el balance de la situación del Estado de las Autonomías, por diversas razones la última edición de este debate tuvo lugar en 1997, sin que haya podido celebrarse posteriormente". Sin esperar a las respuestas, el nuevo ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, se apresuró el pasado día 3 a decir que no lo habrá. Al día siguiente, el socialista José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, escribió a Barrero. Le señalaba que había leído su misiva "con cierta incredulidad" y le recordaba que ya le había reclamado tal debate en tres ocasiones. "Lamentablemente", añadía Bono, "se ha hurtado a los senadores y presidentes de comunidades autónomas la posibilidad de debatir con el señor Aznar" la organización territorial o las declaraciones de Barcelona y Estella. Bono urgía a celebrar cuanto antes el debate, para evitar "la excusa" de quienes, tratando de impedirlo, puedan argumentar la proximidad de las elecciones autonómicas y locales de junio. El presidente de Castilla-La Mancha concluía recordando el comentario de Acebes y decía: "Mi incredulidad se ve alimentada por la declaración del recién nombrado ministro y me hace pensar en qué papel le dejan a usted y al Senado mismo".

Se da la circunstancia de que Acebes esgrimió "razones de calendario" para no celebrar el debate.

El portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan José Laborda, calificó de "nuevo y grave desprecio al Parlamento" lo ocurrido y agregó: "La responsabilidad no es de Barrero, sino del Gobierno y el PP que prometieron revitalizar las instituciones parlamentarias y han terminado por menospreciarlas. Han hecho de la política un zoco de transacciones".

Hechos como éste, según Laborda, justifican que el PSOE presente a María Antonia Martínez, ex presidenta de Murcia, como candidata alternativa a Aguirre, pese a que ésta tiene hoy asegurada su elección porque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Además, tanto CiU como Coalición Canaria han anunciado su apoyo a Aguirre. Para Joaquim Ferrer, portavoz de CiU en el Senado, no existe ninguna razón para cambiar el acuerdo por el que decidieron votar a Barrero en 1996. Con tal acuerdo consiguieron la Vicepresidencia para Joan Rigol, de CiU, así como la presidencia de algunas comisiones. Ferrer encontraba un motivo más en el compromiso de Aguirre de hablar hoy en euskera, catalán y gallego. La Mesa del Senado recibió ayer el escrito de renuncia de Barrero en el que argumenta como motivo su designación como candidato por el PP a la presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones del 13 de junio. Barrero dice en la carta que, aunque no son legalmente incompatibles estas funciones, renuncia para evitar un "menoscabo en una tarea que exige plena y absoluta dedicación". Hoy despedirá desde su escaño de senador.

Tras la sesión de designación de Aguirre, el pleno del Senado abordará las "viejas cuestiones pendientes" en materia autonómica que planteará el portavoz socialista, Juan José Laborda. El PSOE aprovechará para, a través de mociones, denunciar "el inmovilismo del Senado a que le tiene sometido el PP". En primer lugar, pedirá que la Comisión General de Comunidades Autónomas, cuyo "bloqueo" volvió a denunciar ayer Laborda, asuma todas las funciones que tiene encomendadas, entre ellas, fijar la fecha del debate sobre el Estado de las autonomías.

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También reclamará la "inmediata convocatoria" de las ponencias de financiación autonómica y para el desarrollo de información de carácter territorial, creadas en 1996 y 1997, respectivamente y que nunca han sido convocadas.

La moción solicita, asimismo, fechas para que comparezcan los ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas para que expliquen las repercusiones del nuevo IRPF en el modelo de financiación autonómica, así como la titular de Medio Ambiente para informar sobre el Libro Blanco del Agua. Esta comparecencias están pedidas desde octubre y noviembre.

El PSOE pide, finalmente, que la ponencia que estudia la reforma del Senado reanude sus trabajos.

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