El Gobierno de Aragón, del PP, subvenciona la reducción de jornada

El Gobierno de Aragón, de coalición entre el PP y el PAR, incentivará a las empresas con 400.000 pesetas por cada puesto de trabajo estable y fijo creado mediante la reducción de la jornada laboral y la reorganización del tiempo de trabajo. El Ejecutivo aragonés se suma así a las iniciativas de la Junta de Andalucía y diversos ayuntamientos, y pese a la oposición de la patronal y la resistencia del Gobierno central.

En medio de la polémica sobre la semana laboral de 35 horas, con los recursos interpuestos por el Gobierno a las decisiones de algunos ayuntamientos catalanes y las reticencias generales de Madrid, el Gobierno de Aragón, por medio de su consejero de Economía, José María Rodríguez Jordá, anunció ayer a empresarios y sindicatos que su Gabinete tiene listo un decreto para subvencionar la creación de puestos de trabajo que contemplen la reducción de jornada hasta las 35 horas semanales. El texto está listo para ser aprobado en el Consejo de Gobierno del día 26 de este mismo mes. El Ejecutivo de Aragón (PP-PAR), que preside Santiago Lanzuela, ha presentado su propuesta ante la falta de acuerdo de la Mesa del Empleo entre patronal y sindicatos. En principio tenían tres meses para unificar posturas, pero las discrepancias entre ambas partes son absolutas. El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón, Miguel Ángel Hidalgo, sostiene que las 35 horas no contribuyen a crear empleo y asegura que es sólo "algo mimético con lo que se ha propuesto en otros lugares y que no parece que dé resultados". UGT y CCOO aseguran que esa actitud es una postura "más propia del siglo XIX que del XXI".

La medida adoptada por el Ejecutivo aragonés forma parte de otra serie que constituyen el paquete destinado a fomentar el empleo en la comunidad autónoma. En este sentido, los sindicatos reconocen el papel que ha jugado el Ejecutivo aragonés. Jesús Membrano, secretario regional de UGT, recuerda que "el Gobierno ha mantenido su postura y la propuesta es suya".

El pasado 12 de noviembre se firmaba el acuerdo para el fomento de empleo en la comunidad aragonesa y entonces se fijaron tres meses de plazo para que sindicatos y patronal se pusiesen de acuerdo. Ayer fue el Gobierno quien puso el decreto sobre la mesa, que ahora debe ser discutido. Los sindicatos entienden que antes de que llegue el día 23, y para que pueda aprobarse el 26, alguno de sus aspectos deben matizarse, "porque los puestos de trabajo que se creen deben ser fijos y netos". También piden que se compute en los 12 meses anteriores a las nuevas contrataciones el crecimiento neto de la plantilla.