Una empresa acusada de fraude fue subvencionada con 256 millones

La Junta de Castilla y León concedió el pasado mes de julio una subvención de 256 millones de pesetas a la empresa burgalesa Distribuidora Licorera Castellana (Dilcasa), acusada de un presunto fraude fiscal por falsas exportaciones para eludir el pago del IVA. La ayuda se aprobó cuando la Brigada de Asuntos Económicos llevaba ya al menos un año investigando esta sociedad.Según una información de la Cadena SER, la Dirección de Incentivos Regionales del Ministerio de Economía denegó la subvención a Dilcasa, por no reunir los requisitos que figuran en la ley que regula el apoyo del Gobierno y de las comunidades autónomas a la actividad de nuevas empresas.

Sin embargo, la Consejería de Industria declaró de interés especial el proyecto, lo que permitió a la Junta de Castilla y León aprobar el expediente de ayudas. Dilcasa está acusada de efectuar ventas ficticias a un distribuidor intracomunitario para defraudar el IVA.

El consejero de Industria de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, aseguró ayer que Economía denegó las ayudas porque había unas elevadas inversiones en distribución, y entendió que eso no genera riqueza. La Junta cree que sí la crea. Asimismo añadió que la Junta concedió la subvención "con todo rigor, como siempre" e indicó que antes de autorizar la ayuda esta sociedad "acreditó que estaba al corriente con la Hacienda Pública".

Inversión no justificada

Villanueva explicó que, a pesar de que se ha aprobado el expediente de concesión de ayudas, "no se ha liquidado porque la empresa no ha justificado todavía la inversión". La empresa Dilcasa por su parte afirmó que "siempre ha cumplido" con sus obligaciones tributarias, tanto en el IVA como de otros impuestos, "en cuyo pago y liquidación se encuentra y se ha encontrado siempre al día", y negó "cualquier participación en estos hechos delictivos".

La empresa, en un comunicado, niega también que la Justicia haya adoptado ningún tipo de medida de carácter patrimonial o personal contra Dilcasa, sus responsables, o Sebastián Cabrerizo, administrador único de esta compañía, quien "ni siquiera ha comparecido aún a declarar".

Por su parte, el portavoz de Nueva Izquierda en el Ayuntamiento de Burgos, José Moral denunció que a la empresa "se le concedieron ventajas de carácter económico, legal y urbanístico" que, en su opinión, incumplían el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos y la Ley de Comercio de Castilla y León. Siempre según NI, el Ayuntamiento habría recalificado 80.000 metros cuadrados de terreno rústico propiedad de esta empresa para que pudiera construir la nave, de 20.000 metros cuadrados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 08 de febrero de 1999.

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