La aventura de enfermar sin papeles en Europa

El primer obstáculo con que la gente de escasos recursos tropieza en Francia a la hora ir al médico es la necesidad de adelantar el pago, que en el 70% devuelve posteriormente la Seguridad Social. Hay médicos que atienden a los insolventes en cualquier circunstancia y nadie pone reparos en los casos urgentes. Toda persona con 3 meses de residencia en Francia tiene derecho a asistencia médica en los hospitales y ambulatorios públicos, con o sin permiso de residencia. Este sistema da cobertura a 2,5 millones personas pero entraña un papeleo abundante y muchas veces los hospitales reclaman documentos y datos de los que carecen no pocos pacientes. Los conflictos abundan, ya que los hospitales tratan de asegurarse de que la Administración les reembolsará el dinero invertido y eso hace que los enfermos indocumentados sean relegados a veces en las listas de espera.

El Gobierno terminará con esta situación a través de la ley de Cobertura de Enfermedad Universal, a aprobar próximamente, y que permitirá incorporar a la Seguridad Social a unos 6 millones de personas de escasos recursos. Los jóvenes menores de 25 años tendrán a partir de los 16 una tarjeta de la Seguridad Social y todo el mundo podrá contar con ayudas complementarias para adquirir las prótesis dentales y ópticas.

En Bélgica, la ley obliga al Estado a costear los gastos de lo que denomina atención médica urgente a los inmigrantes ilegales.Los derechos de este tipo de residentes en el país están fijados por un decreto de 1996 que regula "la ayuda médica urgente otorgada por los centros públicos de ayuda social a los extranjeros que residen de forma ilegal en el Reino".

Este decreto garantiza la atención médica gratuita, pero concede a los inmigrantes ilegales en Bélgica menos derechos de los que pueden reclamar tanto las personas indigentes como los candidatos a obtener asilo o refugio político.

Insularidad

Todos los inmigrantes ilegales, hayan solicitado o no asilo, son atendidos por los hospitales públicos del Reino Unido. La edad del enfermo tampoco es tenida en cuenta a la hora de admitirles. En ninguno de los casos, ni siquiera cuando precisan operaciones delicadas, les será presentada factura. "La sanidad pública británica no discrimina a nadie. A veces el extranjero puede venir de la mano de las autoridades locales, que ya se ocupan de él. Si espera una respuesta a su petición de asilo, también constará en los registros policiales. Aunque no fuera así, le aceptarían igual, tanto en el caso de que llamase o no a la puerta de urgencias", afirman, sorprendidos por la misma índole de la pregunta, portavoces del ministerio de Sanidad.

Sus colegas del ministerio de Interior despejan también raudos cualquier duda. Dadas las características geográficas del país, es mucho más fácil saber quién entra que en la Europa continental. "Aquí se llega por aire o por el mar. En ambos casos resulta casi imposible escapar al control policial o aduanero. Pero sí, cualquiera puede ver a un médico cuando lo necesita".

La ausencia de leyes que así lo estipulen demuestra, según el Ministerio del Interior, la universalidad del principio de atención. "A veces hemos traído al Reino Unido a menores de países en guerra o en vías de desarrollo. Pequeños que hubieran muerto por falta de especialistas que pudieran operarles. Imagínese que negáramos el mismo trato a los que ya están aquí", añaden.

En Italia, los emigrantes con un permiso de trabajo están obligados a inscribirse en el Servicio Sanitario Nacional, donde reciben las mismas prestaciones que el resto de los italianos. El problema se plantea en el caso de los extracomunitarios que viven de forma ilegal en el país, y que constituyen un ejército de no menos de 300.000 personas. En el caso de los niños, la atención médica está garantizada desde la adhesión de Italia a la Convención de los Derechos del Muchacho, de 1989.

También las mujeres embarazadas y los enfermos contagiosos gozan de esta protección sanitaria general por razones obvias. Para el resto de los extranjeros sin papeles, la nueva ley de inmigración de marzo del año pasado -en la que se reunieron anteriores decretos dispersos, entre ellos uno de 1995- prevé una atención médica en casos de urgencia hospitalaria y también de urgencia ambulatoria.

Esta información ha sido elaborada por José Luis Barbería, Walter Oppenheimer, Isabel Ferrer y Lola Galán.