Juicio en Pamplona por una estafa de mil millones con la excusa de la lucha anti-ETA

La Sección Primera de la Audiencia de Pamplona abre hoy el juicio contra los presuntos responsables de una de las más oscuras tramas de corrupción vividas en la comunidad navarra en los últimos años. Tres personas (la exfuncionaria de la Delegación del Gobierno María José Rubio Pérez, su ex marido y exinterventor del Parlamento de Navarra, José Manuel Gil Oslé, y el exsecretario general de la Delegación Mariano Berduque) están acusadas de haber estafado más de mil millones a una decena de empresarios navarros, a los que pedían dinero asegurando que se iba a destinar a la lucha antiterrorista para cubrir el retraso con que el Ministerio del Interior enviaba a Navarra los fondos reservados.

La Fiscalía sostiene en su relato de los hechos que María José Rubio, usando cuentas oficiales de la Delegación del Gobierno, embaucó a una serie de profesionales del sector inmobiliario a los que solicitaba cantidades millonarias que luego les devolvía con altos intereses. El sistema funcionó mientras Rubio pudo alimentar el proceso, pero cuando dejó de pagar a algunos empresarios éstos denunciaron los hechos.

El juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, que investigó el caso, ha documentado que Rubio recaudó al menos 750 millones, de los que se sospecha que se quedó con unos 200, aunque nunca ha estado claro si había algo de cierto en la motivación aducida para recaudar el dinero.

El fiscal pide 18 años de cárcel para Rubio por supuestos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental; 10 años para su ex marido, acusado de tres supuestos delitos de malversación de caudales y falsedad en documento oficial, y ocho años para Berduque, superior jerárquico de la presunta creadora de la trama, por malversación y como cooperador necesario en el fraude.

Con un sueldo mensual de unas 200.000 pesetas, María José Rubio pagó en metálico un chalé de 42 millones, cerca de Pamplona, y disponía de otra casa en Ibiza.