Madrid ya aprobó en julio la asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes sin papeles

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, aprobó el 23 de julio pasado el catálogo de servicios "susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos". Ese acuerdo establecía la gratuidad de la asistencia sanitaria para los inmigrantes indocumentados en los centros dependientes de la Comunidad de Madrid (un gran hospital, el Gregorio Marañón, del que dependen unos 700.000 madrileños, cuatro centros hospitalarios pequeños y medianos, y algunos centros de salud). La mayoría de las asociaciones de inmigrantes desconoce esta medida.

El modelo utilizado por el Ejecutivo madrileño para garantizar la asistencia gratuita a inmigrantes sin documentos es simple. La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda aprueba cada año una lista de los servicios públicos por los que puede cobrar la Comunidad de Madrid. Y al llegar al apartado de los servicios sanitarios, señala: "Quedarán exonerados del pago por la prestación de asistencia sanitaria en los centros sanitarios dependientes de la Comunidad de Madrid los inmigrantes y refugiados sin cobertura por el sistema de la Seguridad Social". Para controlar este gasto, los gerentes de los distintos centros de la comunidad hacen "facturas en la sombra", que no pasan al enfermo pues sólo sirven a efectos contables. La exención en el pago es el resultado de una una resolución aprobada por unanimidad en el Parlamento regional que reclamaba el acceso gratuito de los inmigrantes a los principales servicios públicos. La mayoría de las asociaciones de inmigrantes y ONG de Madrid ignoran aún que existe esta medida.

Médicos del Mundo sí conoce la resolución. La coordinadora de su dispensario para inmigrantes indocumentados de Tetuán, Juana Rodrigo, explica que para ellos es frecuente enviar a pacientes al centro sanitario Sandoval de la Comunidad, especializado en enfermedades infecciosas. "Y siempre hemos encontrado una buena acogida", explica. "Al hospital Gregorio Marañón remitimos a menos gente, pero cuando lo hemos hecho tampoco ha habido problemas", añade.

Sin embargo, en Karibu, otra organización que atiende a este colectivo y que también recibe subvenciones del Ayuntamiento y la comunidad, ignoraban ayer que existiera la medida. "Tiene que ser una decisión bastante reciente porque antes, lo que solía ocurrir es que nos remitían a nosotros gente desde el Gregorio Marañón", explica su coordinador, Antonio Díaz Freijo.

Tampoco Antonio Hueso, trabajador social de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) conocía la disposición regional. Su organización recomienda a los inmigrantes que acudan a Médicos del Mundo.

Mama Diedhiou, de la directiva de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE), recomiendo a sus compatriotas sin papeles que enferman que acudan al Centro Integral de Salud (CIS) municipal más cercano. "Yo misma acudí a ellos cuando estuve irregular y salí muy contenta", explica.

También el Comité de Defensa de Refugiados, Asilados e inmigrantes en España (COMRADE) recurre a Médicos del Mundo o a los CIS. "No sabíamos nada de que la Comunidad de Madrid hubiera decidido atender estos casos gratis en sus centros", asegura Pilar Abelaira, una de sus trabajadoras sociales.

En las comunidades que ya tienen la sanidad transferida han solucionado el problema de la atención sanitaria de los adultos, a la que sólo tienen derecho si se trata de una urgencia, de distintas formas.

Andalucía y Cataluña, gobernadas por el PSOE y CiU, no reconocen ninguna dificultad. En Cataluña, cualquier inmigrante irregular puede recibir atención sanitaria, no sólo de urgencias, en cualquier hospital o ambulatorio público, informa Carles Escolà. Se les abre una historia clínica, no tienen que pagar por las pruebas a las que les sometan y se les prescriben recetas de la Seguridad Social para los medicamentos, explicó el director del Servicio Catalán de la Salud (SCS), Josep Prat. Pero los indocumentados de esa comunidad prefieren acudir a determinados centros, como el de Drassanes (Barcelona).

Varios Ayuntamientos y la Generalitat tienen también convenios con ONG para atender los casos más a pie de calle, una práctica que también siguen en el País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía, sobre todo para la atención primaria y fármacos. En Cataluña hay que remontarse a 1994 para encontrar un caso de falta de atención, cuando un senegalés de 37 años murió de cirrosis esperando un trasplante de hígado.

El consejero de la Junta de Andalucía, José Luis García de Arboleya, aseguró ayer en Almería, la provincia andaluza con mayor presencia de inmigrantes, que "todos los que lo precisan están siendo atendidos en los centros de salud". Por eso, en su opinión, la tarjeta prometida por Sanidad sobra. Pero el presidente de Almería Acoge, Juan Sánchez, tiene una visión más pesimista. Esta organización, con presencia en todas las provincias andaluzas, afronta un gasto anual medio de un millón de pesetas sólo en medicinas repartidas entre los inmigrantes, informa María José López Díaz.

En el País Vasco, la Secretaría de Acción Exterior destina 20 millones de pesetas al año a su atención sanitaria y a la de los becarios procedentes de países pobres, que pueden acudir al Hospital San Juan de Dios de Santurtzi (Vizcaya) para hacerse pruebas, exploraciones e intervenciones quirúrgicas, informa Cristina Angulo. La atención primaria la cubren en las tres provincias ONG como Cruz Roja o Médicos del Mundo, que tiene un consultorio médico y de salud mental en Bilbao.

Los inmigrantes que carecen de documentación están excluidos de la atención sanitaria de la red pública valenciana, excepto de los servicios de urgencia, informa Jaume Prats. Pero un decreto de 1989, que según las ONG no se cumple, regula la asistencia sanitaria a personas sin recursos en esta comunidad.