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El Gobierno acepta con condiciones la nueva balsa para la reapertura de la mina de Boliden

Los expertos del Instituto Técnico Geominero ultiman el informe definitivo

El Instituto Técnico Geominero de España (ITGE), dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, ha aprobado la idoneidad de la corta de Aznalcóllar (un enorme hueco dejado por la explotación de una mina a cielo abierto) para ser utilizada por Boliden como depósito de residuos tóxicos en sustitución de la balsa que reventó en abril del pasado año cerca del Parque Nacional de Doñana. A última hora de ayer, técnicos del ITGE se reunieron para ultimar la redacción del informe, preceptivo para reabrir la mina, y cuya conclusión está prevista para este fin de semana.

La decisión final sobre la autorización de la reapertura estará en manos de la Junta de Andalucía, que es la destinataria del informe del ITGE. La idoneidad del depósito de Los Frailes se sustenta en el mismo fundamento técnico que sirvió para utilizar el hueco de una antigua mina como almacén seguro de los seis millones de metros cúbicos de fangos tóxicos recogidos a lo largo de más de cuatro mil hectáreas afectadas por la rotura de la balsa, en la madrugada del 26 de abril del año pasado.

Según el ITGE, la mina abandonada no ofrece garantías de impermeabilidad por encima de los 50 metros sobre el nivel del mar (el punto de máxima altura de la balsa está a 100 metros sobre el nivel del mar). A los 50 metros se encuentra la capa freática de un acuífero que, si entrara en contacto con los vertidos, quedaría automáticamente contaminado y transmitiría el flujo tóxico a las aguas subterráneas de la zona. Por debajo de esa cota de riesgo máximo admisible desde el punto de vista medioambiental, todavía quedan otros 73 metros hasta alcanzar el nivel actual de los vertidos.

Los expertos consideran que el nivel de garantía plena se sitúa a 40 metros sobre el nivel del mar y no debe superarse, a menos que se ponga en riesgo la impermeabilidad del vaso.

El instituto analiza en su informe la situación derivada de tres posibles escenarios: a) si se abandona la mina como está; b) si se reanudan los trabajos, y c) en qué estado deberán quedar las escombreras y las balsas de decantación cuando se agote la explotación minera.

En función de estas condiciones -"muy importantes", según fuentes del ITGE- Boliden debe analizar si le resulta rentable o no volver a trabajar en Los Frailes. En principio, según las fuentes del ITGE, dispone de suficiente margen para utilizar la corta de Aznalcóllar como balsa de residuos. Según los proyectos presentados por la empresa, necesitará remover en los próximos diez años 40 millones de toneladas de roca de los que 160 millones de metros cúbicos serán residuos inertes.

Dos terceras partes de estos materiales inertes se depositarán en una escombrera en superficie situada en la Dehesa del Perro, un monte de utilidad pública que la Junta de Andalucía tendría que cambiar de calificación para hacer posible su nuevo uso. Este trámite requiere Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Junta, una tarea que le llevará al menos un mes, pues debe someter el cambio de uso a información pública.

El resto de los residuos, junto a los 19 millones de metros cúbicos de fangos de decantación que se producirían a lo largo de los diez años que Boliden pretende explotar la mina, serían almacenados en la corta de Aznalcóllar, donde existe espacio libre para albergar 25 millones de metros cúbicos de residuos, seis más que las necesidades de Boliden, sin afectar al acuífero.

Diferencias internas

Entre los técnicos del ITGE que durante estos días han intervenido en la redacción del informe ha habido división de opiniones. Unos eran partidarios de rematarlo con una decisión concluyente; otros, por el contrario, defendían un documento puramente técnico sin una conclusión, de modo que sea la Junta de Andalucía la que tome la decisión política de decir sí o no a la reapertura. En cualquier caso se trata de un trámite complejo, dada la multiplicidad de administraciones competentes. La autorización de la reapertura corresponde a la Consejería de Industria andaluza, siempre en función de las recomendaciones del Patronato del Parque Nacional de Doñana (ya se pronunció negativamente en enero) y el informe del ITGE.

En paralelo, este documento es determinante para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del ministerio) autorice la reapertura con garantías de que no habrá ningún riesgo de contaminación, tanto para las aguas subterráneas como las superficiales.

Por otra parte, los trabajadores de las minas de Aznalcóllar que explota Boliden-Apirsa, pidieron ayer a los grupos parlamentarios andaluces que aceleren los trámites para "abrir de una vez por todas" la mina. Francisco Vázquez, presidente del comité de empresa afirmó que la decisión dependerá de "una decisión política". Los mineros convocaron a unas 400 personas frente a las puertas del Parlamento andaluz, donde expresaron sus reivindicaciones en favor de la reapertura de la mina.

El portavoz de Medio Ambiente del Partido Andalucista, Ildefonso del Olmo, afirmó tras reunirse con los trabajadores que, aunque la reapertura de la mina se adopte por una decisión política, tiene que estar avalada por los informes de los científicos.

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