“¿Para qué quiere un niño con autismo personal de apoyo?”: la frase de un alto cargo de Andalucía que ha caído como una bomba entre los padres

La reunión fue el pasado 20 de enero, pero las palabras que el delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, lanzó a las representantes de 16 AMPAS del Distrito Norte de la capital, que habían pedido un encuentro para reclamar más recursos para los alumnos con necesidades especiales aún resuenan. “¿Para qué quiere un niño con autismo un personal de apoyo? ¿Para aprender a mover la lengua delante del espejo?“, les soltó. El presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, aunque reconoció que sus palabras “habían sido desafortunadas”, confirmó la semana pasada a la oposición que no iba a atender a sus demandas de cesarlo. A las familias de esos niños, las que más dolor sufrieron por la falta de humanidad de esa intervención, les importa poco la cara de quien las pronunció si, como asegura Rocío Morales, miembro de CODAPA (la confederación de AMPA de colegios públicos de Andalucía) y que estuvo presente en ese encuentro, las políticas del Gobierno autónomo se mantienen.

“Más allá de la absoluta falta de respeto y de empatía, a nosotras sinceramente nos da igual una persona que otra, el problema son las políticas, la falta de recursos, de especialistas en los centros”, sostiene Morales, que es presidenta del AMPA del CEIP Hermanos Machado. “Estamos totalmente abandonados y estamos hablando de alumnos vulnerables cuyo número, además, aumenta año a año”, sostiene.

Las declaraciones del delegado de Sevilla han servido para poner el foco, aunque no por las razones correctas, las carencias de la atención a la diversidad en Andalucía, pero las madres no quieren que la atención se esfume conforme amaine esta polémica. Por eso han puesto en marcha una mesa de trabajo en el Parlamento con todos los grupos políticos al que la consejera se comprometió a acudir, cuando las propias madres se lo propusieron la semana pasada en la Cámara autonómica, para trabajar en propuestas concretas de mejora, y también van a analizar las instrucciones que regulan la atención de los estudiantes con necesidades especiales “para analizar su contenido y ver los márgenes de mejora”. “También vamos a plantear movilizaciones, pero más adelante”, indica Morales.

La insuficiente atención hacia los alumnos con necesidades especiales en los centros educativos públicos andaluces es una crítica recurrente hacia la Junta, no solo por parte de la oposición, sino de los docentes y los padres de estos niños. Ante estos reproches, el Gobierno de Moreno apela a los datos, que compara siempre con 2018, el último año en el que el PSOE estuvo al frente de la comunidad. “Los alumnos con necesidades educativas especiales cuentan actualmente con la mayor plantilla de atención a la diversidad de la historia del sistema educativo andaluz, integrada por 13.600 profesionales entre docentes, maestros especialistas, orientadores y Personal Técnico de Integración Social (PTIS), lo que supone un incremento de un 34% respecto al 2018”, afirmó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en el último pleno parlamentario de la semana pasada.

En esa comparecencia, la consejera desgranó más cifras: los últimos seis años ha aumentado en un 50% el número de PTIS que apoyan a los escolares en las aulas ordinarias y específicas. Además, las aulas andaluzas cuentan este curso con casi 6.000 maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT), 2.000 de Audición y Lenguaje (AL) y 2.200 orientadores y se han puesto en marcha más de 1.000 unidades más de Educación Específica y Aulas de Apoyo a la Integración, “un incremento posible por una inversión récord que alcanza los 589 millones de euros, un 74% más que en 2018”, remarcó la consejera. La Consejería no ha facilitado los datos de estudiantes con necesidades especiales en la comunidad, una cifra que en el curso pasado era de 93.109, de los que 83.227 (el 89,4%) estaban escolarizados en aulas ordinarias.

Unas cifras que, sin embargo, no parecen reproducirse en el aula. “No paran de hablarnos de incremento, pero todos esos datos, esas cifras, en los centros no se palpan. La realidad es otra”, indica Morales, que pone su propio centro como ejemplo. El CEIP Hermanos Machado es un centro de compensatoria de unos 140 alumnos, de los que el 37% tiene necesidades especiales. “Desde el año pasado el Ayuntamiento nos ha quitado el trabajador social, pero, al menos hemos conseguido un AL permanente. Tenemos un PT en el aula TEA [para niños con espectro autista], otro para el aula pluri, como estipula la normativa, y otro para el resto, que está escolarizado, pero es que el resto son 50 alumnos, por lo que se pasa por las clases una o dos veces por semana”, explica. Morales pone el ejemplo de cómo en algunas aulas de 18 alumnos, nueve tienen necesidades especiales.

Un problema que evidencia la necesidad de establecer una ratio específica para limitar el número de alumnos con necesidades especiales por especialista. Una de las demandas tradicionales de las AMPA y de los sindicatos de profesores. “El profesorado está saturado, la Junta puede cumplir con el criterio tener un PT en el centro, pero si tiene que atender a 50, 54 personas, no le va a dar más que para estar 20 minutos a la semana con cada niño, y eso se traduce en una desatención”, explica Daniel Fernández, portavoz de Ustea y responsable del área de atención a la diversidad y la inclusión.

Fernández también llama la atención sobre el hecho de que muchos de estos especialistas realicen su trabajo en distintos centros, lo que les quita horas que se compensan por el tiempo que destinan a desplazarse. “La ausencia de especialistas muchas veces se suple por el buenismo del resto de compañeros que están muy concienciados, pero a veces no llegan a todo y al final los padres tienen que estar pendientes del teléfono, porque sin atención individualizada, les pueden llamar en cualquier momento porque no se puede atender a sus necesidades”, indica. “Para qué nos sirve tener un PT en un aula específica, si luego no hay monitor en el comedor, fuera de las clases también necesitan atención”, indica Morales.

Desde Ustea también se llama la atención sobre la movilidad de una plantilla que también interrumpe el desarrollo de estos niños, que requieren de una rutina que pierden si cambian cada año de especialista, y que también les cuesta adquirir a los docentes. “Cuando se incorporan a un centro tienen que conocer a los chicos, a sus familias, sus necesidades, adaptarse al centro, eso requiere tiempo”, indica Fernández.