Las carencias que encienden el arranque del curso escolar en Andalucía: “Nos tratan como a números”
Falta de profesionales para atender a la diversidad, ratios al límite y vacantes sin cubrir. Marea Verde convoca una protesta mientras la Junta defiende que las clases empiezan con normalidad
Con tres años, Liam, el hijo de Laura Mármol, acaba de estrenarse en el cole. Ella, sin embargo, es ajena a esa mezcla de ilusión y nerviosismo contenido que pellizca el estómago de los padres en el arranque del curso escolar. Está viviendo estas semanas sumida en la angustia. Su niño sufre osteogénesis imperfecta, la dolencia conocida como huesos de cristal, y no cuenta con la atención que requiere. Su caso ilustra una de las carencias que denuncia buena parte de la comunidad educativa de Andalucía en este inicio de las clases. Marea Verde ha convocado este jueves una concentración frente a la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo en Sevilla. “No se están cubriendo las bajas en el arranque del curso escolar, las ratios no bajan por mucho que se apele a que disminuye la natalidad. Pedimos que en cada aula se limiten a cuatro el número de alumnos con necesidades educativas especiales y que para la ratio cuenten como dos”, resume las principales reclamaciones Ana Ruiz, desde Marea Verde.
La Junta defiende que el arranque del nuevo curso se está desarrollando con normalidad y que en un sistema educativo similar a países como Bélgica o Portugal “siempre pueden surgir incidencias, que se están resolviendo de manera efectiva”, según destacó la nueva consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en sede parlamentaria. Explicó que el curso empieza con 25.000 alumnos menos por el descenso de la natalidad, pero que se mantiene el profesorado con 123.000 docentes. También anunció refuerzos en la atención a la diversidad, que ahora cuenta con 13.028 profesionales. En los próximos días se aprobará un incremento de esta platilla de 600 personas, afirman fuentes de la Consejería. “Si entramos en el discurso numérico, los números son fácilmente interpretables y manipulables”, advierte Jiménez. “Una cosa es que haya recursos y se destinen al centro, pero si no se le asignan horas suficientes o días suficientes, el recurso sigue siendo insuficiente”, continúa en alusión a los casos de PT (Pedagogía Terapéutica) que tienen a tantos alumnos a su cargo que apenas pueden dedicarles atención continuada, o a los PTIS (Personal Técnico de Integración), AL (Audición y Lenguaje) y orientadores que comparten varios centros y que tampoco disponen de tiempo material para desarrollar su trabajo en unas mínimas condiciones.
Sin supervisión continua pese a sufrir la enfermedad de los huesos de cristal
Cuando Laura Mármol matriculó al pequeño Liam en junio en el CEIP Baltasar Alcázar de Sevilla daba por hecho que contaría con un PTIS (Personal Técnico de Integración) adicional al que ya tenía el centro porque al sufrir su hijo osteogénesis imperfecta precisa de supervisión continua, tal y como dictamina su informe de escolarización. “Tras reclamar en julio, y ahora de nuevo, el colegio se ha mantenido con una sola PTIS de 20 horas para atender a cinco niños con necesidades especiales de entre tres y cinco años. La dirección del centro ha pedido el desdoble de aulas en educación infantil porque todos esos niños están integrados en la misma clase, donde son un total de 14, lo que implica que el 35% precisa necesidades educativas especiales, pero no nos han dado respuesta”, se lamenta.
Mármol se ha dado de bruces con la carencia de profesionales para la atender a los alumnos con necesidades especiales en Andalucía. Un problema que vienen denunciando desde hace años sindicatos y organizaciones vinculadas a la enseñanza, asociaciones de madres y padres y los partidos de la oposición. “Existe una falta de profesionales de atención a la diversidad, maestros de pedagogía terapéutica (PT), personal técnico de educación social (PTIS), profesores de audición y lenguaje (AL), orientadores… que además tienen una sobrecarga de trabajo bestial. La falta de profesorado en general es un problema, pero este tipo de especialistas es lo que más urge a las familias”, señala Marina Jiménez, presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), que enumera las principales quejas y reclamaciones que han recibido en este arranque de curso por parte de las familias andaluzas.
Un experto en Pedagogía Terapéutica para 43 niños que lo necesitan
Un ejemplo de este desbordamiento está en el CEIP Virgen de la Paz, en el municipio almeriense de Vícar (28.020 habitantes). Es un centro incluido en el programa de atención socioeducativa en Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZTS), una iniciativa pionera de la Consejería de Desarrollo Educativo por la que se han destinado 1.275 profesionales (entre profesores y orientadores) para mejorar la calidad de la educación y compensar desigualdades en centros con alta tasa de fracaso escolar, en colegios rurales o en zonas geográficamente aisladas y desfavorecidas. Mientras otras escuelas de su entorno han recibido hasta dos refuerzos gracias a las ZTS, al suyo, que cumple con todos los requisitos, no ha llegado ninguno. “Nos sentimos discriminados, los alumnos de mi centro no cuentan con los mismos recursos humanos para atender a sus necesidades”, se queja su director, Emilio Javier.
Un refuerzo de personal es vital para sus 680 alumnos y la creciente demanda. En su centro hay un PT para 43 estudiantes . “Tiene asignadas 22 horas y media, lo que en la práctica equivale a que solo puede estar 25 minutos a la semana con cada alumno”. Peor es la situación de los que requieren un profesor de Audición y Lenguaje (AL). “Teníamos uno para 33 niños, solicitamos uno más para este curso, pero en lugar de eso le han recortado las horas semanales al que está”, explica. “No damos abasto. Tenemos otros 20 pendientes de dictamen. Esto es un desastre”, zanja.
Empezar el curso sin siete profesores
La falta de profesores en el primer día de curso, cuya ausencia ha tardado hasta 20 días en suplirse, cuando se ha hecho, es una carencia que muchos directores consultados consideran como algo “generalizado” y “más acusado que en años anteriores”. La consejería convocó el pasado 4 de septiembre, dos días después de que los docentes tuvieran que incorporarse a sus centros educativos, 491 vacantes sobrevenidas, que fue ampliando hasta un total de 3.051 a lo largo de este mes para suplir sustituciones y bajas. “No todas eran bajas sobrevenidas, en junio sabían que dos tutoras iban a estar de baja por maternidad, a 23 de septiembre una vacante se ha sustituido, pero para la otra tendremos que esperar una semana más”, explica Agustín Ramírez, director del CEIP Federico García Lorca, también en Vícar, que empezó el 2 de septiembre sin siete profesores. “Esto te retrasa la planificación, pero lo verdaderamente grave es no tener profesorado para atender a la diversidad”, reconoce con sinceridad.
Ratios al límite por la continua llegada de nuevos alumnos
Cuando la ratio por aula se incrementa por la llegada sobrevenida de alumnos, el cupo oficial de maestros asignados a un centro queda, como recordaba Jiménez, relegado a un mero número con el que no se puede abordar una realidad que pasa por impartir una formación de calidad. Lo sabe bien Juan Andrés Chacón, director del CEIP Rafael Fernández, en Fines (Almería, 2.228 habitantes). En las dos semanas que llevan de curso se han incorporado ya 10 alumnos nuevos. El año pasado fueron 27. La cercanía de la fábrica de Cosentino atrae mano de obra al municipio con hijos en edad escolar a los que hay que admitir, a costa de bordear los límites de la legalidad de las ratios en sus clases.
“Estamos luchando y siempre en el límite”, cuenta Chacón. La situación se ha agravado este año porque la Educación ha decidido no contar con un profesor extraordinario que les asignó el curso pasado y con el que su director contaba. Esto ha obligado al centro a prescindir de algunos desdobles que habían sido aprobados en el Consejo Escolar para que ese maestro pueda cubrir el hueco de tutor de 1º que ejercía el compañero que se ha eliminado este curso. “Objetivamente no nos pasamos de la ratio, porque estamos en el margen del 10%, pero tenemos un 1º con 27 niños y dos con necesidades especiales, el 6º que habíamos desdoblado ahora tiene 26 y otros dos alumnos con necesidades especiales, en cuatro años tenemos 28 niños… En 6º, que ya saben trabajar por sí mismos, puede ser menos problemático, pero en los primeros cursos, en los que se necesita mucha atención para aprender a escribir, la lectura, es un problema”, advierte, consciente de que la situación se agravará con la llegada de más alumnado sobrevenido. En Delegación conocen cómo es la dinámica de Fines, un municipio que cada año va ganando población. “El estudio de las necesidades de cada centro debería hacerse en junio, no a partir de septiembre”, advierte.
“Al final nos tratan como a números, pero hay que mirar las necesidades educativas lo primero”, indica Chacón. En el Ampa de su colegio se resisten y se han movilizado para recuperar al profesor que tenían el año pasado. “No nos vamos a quedar quietos, este miércoles vamos a ir hasta Almería a reclamar a la Delegación todos lo recursos que necesita nuestro centro”, señala su presidenta, Vanesa Roca. En la del Virgen de la Paz, en Vícar, tampoco están dispuestos a que sus hijos sean reducidos a cifras y han empapelado las rejas del colegio con el nombre de los alumnos y sus problemas: “Hola soy Fátima, como mi maestro no se ha contratado aún, soy autodidacta. He aprendió que ‘equidad’ significa ‘discriminar a los que menos tienen, quitándoles lo poco que tenían”. Una lección que nunca deberían aprender.
Sin enfermeras escolares
Laura Mármol no puede dejar a su hijo toda la jornada lectiva porque al no tener un PTIS que pueda atenderle de manera continuada, teme lo que pueda pasarle si se lastima por no estar vigilado. Liam sería un candidato perfecto para tener una enfermera escolar tal y como estipula el protocolo para atender a la escolarización de menores con enfermedades crónicas complejas firmado en septiembre de 2023 entre las consejerías de Salud y Desarrollo Educativo, que apenas ha entrado en funcionamiento. Lo sabe bien Nazaret Campos, madre de Dylan y que forma parte de la plataforma de 64 familias que reclaman que ese protocolo se ejecute. Su hijo, que padece una enfermedad, ha regresado a las aulas en las mismas condiciones que las dejó en junio. “No hay ninguna profesional cualificada para hacerse cargo de las atenciones que precisa mi hijo, la PTIS que hay solo está capacitada para cambiarle los pañales y él necesita cuidados específicos que requieren formación especializada”, apunta. “Estos niños tendrían que estar atendidos por esta figura. Las enfermeras escolares están presentes en otras comunidades como Madrid, referente para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, pero ese protocolo se ha reducido aquí a la mínima expresión”, advierte Marina Jiménez, presidenta de Codapa.
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