El PP utiliza su mayoría absoluta para impedir que Andalucía implante una bajada de la ratio en las aulas por ley

Contaban con el informe desfavorable del Consejo de Gobierno de la Junta y habían sorteado todas las trabas que para su tramitación les puso la mesa del Parlamento, pero las representantes de la plataforma social Bajada de Ratio Ya, tenían un atisbo de esperanza de que la iniciativa legislativa popular (ILP) para imponer por ley en Andalucía la reducción de alumnos por docente en las aulas pudiera salir adelante. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP ha impedido esta tarde que la propuesta avalada por casi 53.000 firmas y secundada por una treintena de organizaciones salga adelante.

La ILP, la segunda que se ha debatido en el Parlamento andaluz desde que el popular Juan Manuel Moreno asumiera la presidencia de la Junta en 2019, y la primera de su segunda legislatura, contemplaba, entre otras medidas, bajar la ratio de 25 a 20 alumnos por clase en infantil y primaria, de 30 a 25 en secundaria y de 35 a 30 en Bachillerato. “Hoy es un día histórico porque por primera vez la comunidad educativa tiene la oportunidad de dirigirse a este pleno”, ha señalado Carmen Yuste, portavoz de la plataforma, desde la tribuna del Parlamento durante su primera intervención para defender la iniciativa legislativa. “La situación es insostenible, existe una necesidad urgente de bajar la ratio, que es un elemento crucial y clave en el desarrollo educativo”, ha continuado, para recordar cómo todos los estudios coinciden en que un menor número de alumnos por profesor mejora el rendimiento académico.

Yuste ha recordado cómo durante el verano la mesa del Parlamento les negó una prórroga para la recogida de firmas para la IPL —algo inusual en estos casos―y cómo, pese a ello, poniendo mesas incluso en las playas, consiguieron reunir 52.846 apoyos, por encima de los 40.000 necesarios para que se pudiera debatir en la cámara, No ha sido esa la última traba. El orden del día previsto para este miércoles se ha alterado y, sin previo aviso, han adelantado su comparecencia a las tres de la tarde, cuando estaba prevista a partir de las 16.30, viéndose obligadas a defender la propuesta ante un hemiciclo vacío y sin representantes del Gobierno, salvo la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo.

La respuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo, ahora en manos del PP, y a cargo de Ciudadanos en la anterior legislatura, ante la petición de una ratio menor, siempre ha sido que la bajada de la natalidad propiciará de manera natural y progresiva esa reducción de alumnos por aula, lo que evitará un esfuerzo presupuestario como el que exige la comunidad educativa. El pasado 5 de diciembre, el Consejo de Gobierno, emitió además su dictamen negativo a la ILP en el que añadía otros dos argumentos más: que una reducción de la ratio supondría un considerable aumento de la inversión en educación —calculado en 1.362 millones― y que es el Ministerio quien tendría que fijar una bajada de ratios en todo el Estado.

Yuste ha rebatido el primer razonamiento esgrimiendo que la alegación de la Junta era contradictoria. “Si baja la ratio de manera natural no puede suponer a la vez un gasto insostenible para la administración”, ha señalado, para recordar que Andalucía está lejos de la media de España en cuanto gasto anual por alumno: 5.300 euros, frente a los 6.230 euros. “La bajada de la ratio no es un gasto, es una inversión”, ha puntualizado. Desde la plataforma también se recuerda que, aunque el Estado fija las ratios máximas por ley, hay comunidades, como Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Cantabria, que han establecido las suyas en una norma propia.

“El PP se ha retratado votando en contra de la ILP, porque esto es una iniciativa popular, que viene del pueblo, que es a quien representa el Parlamento, y ni siquiera ha valorado tenerla en cuenta”, ha explicado Olga Solano, otra de las portavoces que también ha subido al atril de la cámara andaluza a defender su iniciativa.

La lucha por una bajada progresiva del número de alumnos por profesor establecida por ley y contra el cierre de aulas en Andalucía se remonta a 2011, pero en la anterior legislatura de PP y Ciudadanos, partido que ostentaba la Consejería de Educación, se convirtió en uno de los principales puntos de fricción en las reivindicaciones de la comunidad educativa a la Junta, que protagonizó varias manifestaciones en las calles andaluzas. La negativa de la Administración a reducir la ratio incluso en la pandemia, cuando la recomendación era eminentemente sanitaria más que por la calidad educativa, aún caldeó mucho más los ánimos.

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