Firmas contra reloj y a pie de playa para bajar la ratio de alumnos en Andalucía por ley

El viento de levante dispara tanto el termómetro que solo a la sombra de los edificios de la playa de la Calzada, en Sanlúcar (Cádiz), hay respiro. Los 36 grados a pleno mediodía de agosto son el último escollo que los padres y profesores andaluces se han topado en el camino de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que en Andalucía se baje la ratio de alumnos por aula por ley. Trabajan contra reloj para conseguir las últimas firmas necesarias para que su propuesta llegue al Parlamento. Han redoblado sus esfuerzos colocando en pleno verano mesas en mercados y playas e intensificando la campaña en redes sociales para recabar apoyos y llegar a tiempo al 11 de agosto, la fecha límite para presentar la ILP, después de que la nueva Mesa del Parlamento, con mayoría absoluta del PP, denegara la prórroga de dos meses que las 30 organizaciones que están detrás de la propuesta solicitaron a mediados de julio.

Entre los colectivos que han impulsado esta iniciativa están representados asociaciones de madres y padres, la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Infantil y Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), la de Direcciones Escolares Públicas de Andalucía, otras organizaciones de profesionales de la educación, sindicatos de enseñanza y partidos políticos. La ILP reclama, entre otras medidas, bajar la ratio de 25 a 20 alumnos por clase en infantil y primaria, de 30 a 25 en secundaria y de 35 a 30 en Bachillerato.

La ley andaluza otorga seis meses para recabar las 40.000 firmas necesarias para que una ILP pueda presentarse a la Mesa del Parlamento para iniciar su tramitación. “Nosotros la presentamos el 11 de febrero, pero la Junta Electoral no nos dio la documentación necesaria hasta el 14 de marzo, más de un mes después”, explica Carmen Yuste, portavoz del sindicato USTEA, uno de los promotores de la ILP para bajar la ratio por ley. “Los letrados nos dijeron que no nos preocupáramos porque normalmente siempre se solían otorgar prórrogas, pero en nuestro caso no nos la han concedido”, señala en referencia a la decisión de la Mesa, adoptada por los miembros del PP y Vox. Pese al reto, les faltan pocas para conseguirlas: este pasado lunes estaban a apenas “unas 2000” para cumplir con el requisito, según explicaba Daniel Fernández, coordinador de USTEA Cádiz, detrás de la mesa de la playa sanluqueña.

“El que tiene niños en edad escolar sabe lo que estamos haciendo y firma de inmediato”, asegura Carmen Álvarez, portavoz de IU en Sanlúcar

Andrea Williams aparece por la bajada al arenal dispuesta a firmar. Es orientadora educativa interina y, tras pasar por centros de Baeza (Jaén) y Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha aprovechado sus vacaciones en Sanlúcar para buscar la mesa. “También se puede hacer por internet, pero he aprovechado que estaban aquí para decir ‘pues voy para allá'. Lo de las ratios solo es uno más de tantos recursos que faltan. Este curso he tenido alumnos que ni me ha dado tiempo a evaluar”, denuncia Williams, antes de perderse en la playa para darse un chapuzón. Carmen Álvarez, portavoz de IU en Sanlúcar y colaboradora en la mesa sanluqueña, pasó toda la mañana atendiendo a padres y educadoras como Williams. “El que tiene niños en edad escolar sabe lo que estamos haciendo y firma de inmediato”, asegura la política local.

La lucha por una bajada progresiva del número de alumnos por profesor establecida por ley y contra el cierre de aulas en Andalucía se remonta a 2011, cuando gobernaba el PSOE. Pero en la anterior legislatura de PP y Ciudadanos, partido que ostentaba la Consejería de Educación, se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción en las reivindicaciones de la comunidad educativa a la Junta, que ha protagonizado varias manifestaciones en las calles andaluzas. La negativa de la Administración a reducir la ratio incluso en la pandemia, cuando la recomendación era eminentemente sanitaria más que por la calidad educativa, aún caldeó mucho más los ánimos.

“No creo que la mejor decisión sea parar una ILP, porque detrás hay miles de personas que han prestado su apoyo”, indica Jesús Delgado, presidente de la asociación Asadipre. “Debería llevarse al Parlamento para que todos puedan hacer aportaciones y pueda discutirse democráticamente”, añade. Es lo que Fernández, de USTEA Cádiz, también espera conseguir, pese a las “trabas” puestas por la Junta de Andalucía, aunque tampoco tiene grandes esperanzas de que el Gobierno andaluz se avenga a hacer suya la reivindicación y a aplicarla.

La nueva consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, que tomó posesión de su cargo hace una semana, antes que de regular la bajada de ratio por ley se decanta, como ya lo hiciera su predecesor en el cargo, Javier Imbroda, porque la inercia de la bajada de la natalidad y el incremento de los profesores acabe por bajar el número de alumnos por aula. “Buscar la calidad es apostar por inversiones en educación, en infraestructuras. Dinero y hechos es la mejor manera. De lo que se trata es de más trabajo y más compromiso y no la ley”, señaló el pasado viernes tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se aprobó la incorporación de 1.700 nuevos docentes para tareas de refuerzo.

El próximo curso escolar contará con 23.000 alumnos menos que el anterior en Andalucía

“No solo es importante bajar la ratio, también contar con más docentes”, indica Delgado, de Asadipre, sobre el incremento de profesorado, pero advierte: “Es importante saber dónde se asignan esos refuerzos porque no todos los centros están necesitados de profesores ni las circunstancias son iguales”. En el caso del colegio público Princesa Sofía de Sanlúcar, Nicolás García, padre de tres niños, está preocupado porque “sea realmente bilingüe como debería ser”. El curso que viene sus hijos, de tres años, que este lunes jugueteaban con sus patinetes alrededor de la mesa, se incorporarán al centro educativo. Eso empujó a García a firmar la petición, inquieto porque “la pública tenga una mejor atención”.

El próximo curso escolar contará con 23.000 alumnos menos que el anterior en Andalucía, según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo, lo que sumado al descenso paulatino desde 2018 pone en 70.000 la pérdida de estudiantes en las aulas andaluzas en el último lustro. En los últimos dos cursos se ha contratado a profesorado extra en toda España ―5.300 docentes en Andalucía― con una partida extra y eso ha permitido que la ratio por clase haya sido de 19,8 escolares en infantil y de 20,71 en primaria. Se quería de esta forma que hubiese menos alumnos por aula por razones sanitarias debido a la pandemia y dar un trato personalizado a los niños en un momento complicado para el aprendizaje. Pero esos fondos extra no se contemplan para el curso que viene y los gobiernos autonómicos recortan sus plantillas.

La comunidad educativa advierte de que los datos globales de la Junta encierran muchas trampas porque su política no pasa por un compromiso de reducir la ratio aprovechando la bajada de la natalidad, sino por cerrar aulas. Y ello afecta en especial a la escuela pública, pues los conciertos con colegios subvencionados duran seis años y no pueden cerrarse aulas mientras hay un contrato en curso. Desde la consejería se defiende que el curso pasado hubo un incremento de 113 unidades, pero no desglosa en qué etapas formativas se han reducido y en cuántas se han incrementado. “No puede justificarse que las que sobran en infantil se pasen a secundaria, porque las necesidades formativas son distintas y la supresión de una línea en infantil, condena el futuro del centro”, advierte Delgado.

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