50.000 alumnos menos y la cruzada por imponer una bajada de ratio por ley en Andalucía

Cuando los estudiantes del colegio público Tres Carabelas de Huelva salgan por su puerta el 22 de junio, no lo harán hasta el curso que viene, sino para siempre. La baja natalidad y los pocos alumnos matriculados —44 desde tres años hasta sexto de primaria―, son las causas que esgrime la Consejería andaluza de Educación para el cierre de este centro, el segundo que desaparece en la provincia en una década. Sus profesores y alumnos se integrarán en otro colegio de la zona que “también estaba empezando a sufrir ya los efectos de la bajada de la natalidad”, según afirmó la delegada de Educación y Deporte de la Junta en la provincia onubense.

“El declive venía de mucho antes. Empezaron a eliminar líneas [clases por curso]. Primero se nos quitó la segunda etapa de séptimo y octavo, lo que hizo que muchos padres llevaran a sus hijos a coles donde podían seguir con el Bachillerato. Después, tuvimos que unificar ciclos”, advierte Pepa Mesa, la que hasta este curso ha sido la directora del centro y durante 15 años. ”Con la pandemia planteamos que se aprovechara la situación para promover la bajada de ratio y trasladar a niños de otros colegios con las aulas saturadas aquí. Más que bajada de la natalidad, ha habido una mala planificación”, recalca.

Andalucía ha perdido 50.000 alumnos en los tres primeros años de la pasada legislatura y para el próximo curso la Consejería de Educación proyecta una reducción de otros 17.000. Unas cifras que unidas al incremento de docentes —obligado por la pandemia― en 5.300, ha reducido la ratio por aula a una media de 19,8 en infantil y de 20,71 en primaria. Con todo, la comunidad sigue por encima de la media nacional (10,9) en número de alumnos por profesor en el conjunto de enseñanzas preuniversitarias, y es la tercera (11,4) por detrás de Cataluña (11,9) y Madrid (11,7), según la estadística del Ministerio de Educación del curso 2020-21.

Los datos globales de la Junta para las asociaciones de padres y madres (AMPA), sindicatos de profesores y asociaciones de directores de primaria y secundaria de Andalucía encierran muchas trampas porque, sostienen, obvian que la política del Gobierno autonómico no pasa por reducir la ratio manteniendo los recursos, sino por el cierre de líneas escolares en la educación pública. La lucha contra la supresión de líneas y una bajada progresiva del número de alumnos por aula establecida por ley se remonta a 2011, cuando gobernaba el PSOE, pero ha sido uno de los principales puntos de fricción entre la comunidad educativa —que ha protagonizado varias manifestaciones en las calles andaluzas― y la consejería dirigida por Ciudadanos en esta legislatura. Esa reivindicación está detrás de una iniciativa legislativa admitida por el Parlamento andaluz este año para bajar la ratio de 25 a 20 alumnos en infantil y primaria, de 30 a 25 en secundaria y de 35 a 30 en bachillerato, para la que sus impulsores (más de 30 colectivos) han iniciado una campaña de recogida de firmas hasta agosto para que pueda tramitarse. Ya han recabado 25.000, según los datos facilitados por el sindicato USTEA.

“Los números globales son muy fáciles de manejar”, señala Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares de Andalucía. En su lista de peticiones a los partidos para estas elecciones se incluye “establecer una ratio transparente que no suponga la pérdida de unidades públicas”. “Un colegio concertado firma los conciertos durante cuatro o seis años, por lo que mantiene las líneas establecidas, mientras que la pública tiene que hacer la planificación cada año, condicionada por las solicitudes de plaza del anterior”, indica. “No puede ser que la baja natalidad solo afecte a la escuela pública”, abunda.

Desde la consejería se defiende que el curso pasado, entre la oferta inicial de febrero y la que resultó en septiembre, hubo un incremento de 113 unidades, pero no ofrecen el dato de en qué etapas formativas se han reducido y en cuáles se han incrementado. “No puede justificarse que las que sobran en infantil se pasen a secundaria, porque las necesidades son distintas y la supresión de una línea en infantil condena el futuro del centro”, opina Delgado.

Una realidad que conoce de primera mano Loli Ortiz, miembro del AMPA del colegio público Camacho Melendo en Priego de Córdoba (22.250 habitantes, Córdoba) y que está liderando la movilización de la comunidad educativa del centro. El curso pasado perdió una de las dos líneas de tres años, pese a que superaron las 40 solicitudes. “Se decidió repartir los que sobraban desde 25 en el resto de colegios públicos de Priego, porque la localidad se considera distrito único. De este modo, todos tienen sus líneas hasta el máximo de ratio permitida en esa edad [25]”, señala. Este año han vuelto a superar las 40 solicitudes y no han abierto la segunda línea prometida. El centro ha iniciado una serie de movilizaciones con la esperanza de revertir la decisión de la Consejería.

El lastre de un aula menos

Una línea menos dejando la única existente al máximo es un peligroso lastre para el futuro. “¿Qué pasa si un niño repite o si tengo que incluir a otro porque viene por tener hermanos en el centro o si un alumno tiene necesidades especiales?”, se pregunta. La supresión de líneas implica también la reducción de recursos para el centro, como el apoyo de un monitor en infantil. “Bajar la ratio de manera automática porque baje la natalidad per se no tiene por qué ser más efectivo, a veces es más importante destinar más recursos, pero si se eliminan líneas, pero la ratio queda al máximo y los recursos sobrantes no se destinan a reforzar esa Educación Infantil, eso implica hacer recortes”, señala José Saturnino García, sociólogo especializado en Educación y director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa

A 175 kilómetros de Priego, en Pozoblanco, el colegio público Virgen de la Luna lucha por no perder la segunda línea de tres años que con mucho esfuerzo lograron recuperar el curso pasado, después de que se la quitaran el 2019-20. “Esto nos condiciona el proceso de escolarización, porque los padres que van a llevar a sus hijos por primera vez al colegio, cuando ven que solo tenemos una línea y que está completa, prefieren ir a otro centro”, apunta Yolanda Durán, responsable del AMPA del centro, ahondando en el efecto disuasorio que ejerce la supresión de líneas. “Si los concertados tienen menos alumnos por aula, al final los padres optan por esa opción. Si eso no es fomentar la concertada en detrimento de la pública, no sé qué es…”, sostiene.

“Durante la pandemia, con menos alumnos y el refuerzo de profesores, vimos claramente que la forma de enseñar y la atención por alumno mejoraba”, señala Delgado. En 2021, Andalucía logró bajar en cuatro puntos (17,1) la tasa de abandono escolar temprano, pero sigue siendo la más alta de todas las comunidades. “Queremos que igual que están haciendo otras comunidades como País Vasco, Cataluña o Castilla y León, se aproveche la bajada de la natalidad para regular por ley la bajada de la ratio”, abunda, haciendo referencia al contenido de la iniciativa legislativa presentada en el Parlamento.

Durán y Ortiz coincidieron hace unas semanas en una concentración en Córdoba capital a favor de la bajada de ratios y mantenimiento de líneas. Esperan que su movilización tenga el mismo efecto que la del colegio público José María del Campo, en el barrio sevillano de Triana, donde las manifestaciones, batucadas y el movimiento en redes sociales para recuperar una de las dos líneas de infantil que suprimió la Consejería el curso pasado ha provocado su recuperación. “Ha sido un trabajo conjunto y muy valiente por parte de las familias del centro y de las nuevas”, explica la vicepresidenta del AMPA del centro, Olga Navarro.

Pero advierte: “La defensa de la educación pública no puede depender de sacar a pelear a las familias, debe defenderse desde dentro de la Administración”. Pide un análisis más profundo. “Esto no puede ir de rentabilizar la educación y decir que cierro una línea aquí y la abro allá, necesitamos un compromiso político y social para la defensa de la educación pública”.