La ministra de Agricultura pide la eliminación "automática" de los perros denunciados por algún ataque

La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, que el martes se mostró partidaria de prohibir las razas de perros peligrosas, endureció ayer su propuesta y propugnó la "eliminación automática" de los perros denunciados por atacar violentamente a las personas. La iniciativa sobrepasa a la de su partido y tropieza con la oposición del Ministerio de Interior, que en una respuesta parlamentaria rechazó la prohibición. De Palacio no concretó las razas a extinguir, pero el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez, prometió tener listas las medidas en primavera.

La próxima semana se reunirán representantes de Agricultura y de Interior con criadores, adiestradores y ecologistas con el fin de preparar un nuevo reglamento antes del verano. La mayoría de los políticos parece caminar de la mano en este asunto, pero los grupos de defensa de los animales ya han expresado su oposición a quitar la vida a esos canes. La presidenta de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal, Carmen Méndez, reiteró ayer sus argumentos: "El culpable no es el perro, que no debe ser sacrificado, sino el dueño". Es una tesis que comparten vendedores y criadores. El adiestrador Rafael Casado insiste en que el problema reside "en para qué se enseña al perro". En efecto, los adiestradores se están encontrando en el centro de la polémica. Las iniciativas del Partido Popular, el PSOE, Izquierda Unida y Nueva Izquierda van encaminadas a controlar no sólo la existencia de los perros violentos, sino la de quienes los educan. El PP pide que se armonice la legislación española con la europea, para limitar los cruces y la cría de canes "de especial agresividad". El PSOE exige una clasificación clara en todo el territorio español antes de estudiar su prohibición. IU solicita que la posesión de estos canes se asimile en el Código Penal a la tenencia de armas. Nueva Izquierda es partidaria de que desaparezcan "en breve plazo".

Y no son sólo los partidos: Castilla y León estudia establecer una autorización específica para adquirir esos animales. Numerosos ayuntamientos y comunidades ya han empezado a reformar sus normativas, sin esperar a que el Gobierno central haga lo propio. Mientras, sigue vigente la disposición general, de hace 22 años, que obliga a llevar a los perros peligrosos con bozal y correa.

La presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), Mariana Sanz, apunta una causa de la existencia de estos perros agresivos que las iniciativas políticas olvidan: las peleas ilegales. "España se está convirtiendo en el paraíso de las peleas de perros", declaró. Y casi le dio la razón el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, cuando reconoció ayer que resulta "muy difícil" perseguir estas peleas.