México abre el proceso para la privatización parcial del sector eléctrico

Apertura a inversiones, sí, pérdida del control, no. Ése es el plan sugerido por el presidente de México, Ernesto Zedillo, para hacer frente al rápido crecimiento de la demanda de energía. En un discurso al país emitido en la noche del martes, Zedillo anunció que propondrá al Congreso una reforma de la Constitución que abra el camino a las "inversiones particulares" en "la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica". Subrayó que el Gobierno mantendrá el control sobre el sector, pero que el camino para futuras privatizaciones estará pronto abierto y sin vuelta atrás. Una privatización a la que están muy atentas las firmas españolas Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa.Sólo con la iniciativa privada México podrá asegurarse el suministro eléctrico a medio plazo, según Zedillo, que insistió en este punto, y dio cifras. Las previsiones del Gobierno son obtener unos ingresos por el consumo de electricidad de 352.000 millones de pesos (30.760 millones de euros o 5,1 billones de pesetas) antes del año 2007. Por otra parte, calcula unas inversiones para infraestructura en los próximos seis años que ascienden a 250.000 millones de pesos mexicanos (22.000 millones de euros o 3,65 billones de pesetas). De no tomarse "las medidas correctas", dijo, se estará hipotecando el crecimiento del país.

Y estas medidas pasan, en primer lugar, por reformar las leyes de promoción de las inversiones. Zedillo destacó que su Administración, que concluye el próximo año, no va a realizar ninguna privatización, pero sí pretende organizar los preparativos para que el próximo Gobierno tenga suficiente margen de maniobra.

Garantías nacionalistas

Para evitar las reacciones estridentes en un país que ha hecho de las nacionalizaciones una bandera política, el presidente mexicano tranquilizó los ánimos. Aseguró que el Estado seguirá al frente de la conducción de la política energética, la realización de los programas de electrificación en el campo y en las colonias populares y la generación de energía eléctrica nuclear. Dijo, además, que la Administración continuará operando algunas plantas hidroeléctricas y mantendrá el control exclusivo de la red nacional de transmisión y la regulación de la industria eléctrica en general. "La reforma", añadió, "respetará los derechos laborales de los trabajadores del sector".

El monopolio eléctrico en México es, en realidad, un duopolio compuesto por dos empresas estatales con jurisdicciones bien definidas. Una es Luz y Fuerza del Centro, que distribuye energía a la capital mexicana y a algunos pequeños Estados del centro del país, y la otra, la Comisión Federal Eléctrica, que abastece al resto del país.

Zedillo pidió a la sociedad que abandone los dogmatismos, que debata "civilizadamente" y haga un "examen abierto y objetivo" de las razones que sustentan su propuesta. "Una reforma como la que propongo debe hacerse muy cuidadosamente, sin apresuramientos que puedan afectar negativamente sus beneficios y su transparencia", dijo.

Algunos analistas consideran que la iniciativa presidencial es sumamente hábil porque abre el sector energético a inversores que entrarán a competir directamente con la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual la privatización se hará de facto. Según estos expertos, el desmembramiento de este sector, cuyo valor se calcula en unos 50.000 millones de dólares (44.000 millones de euros), sería la mayor en la historia del país y, posiblemente, de América Latina.

Tanto la Confederación Patronal como varios expertos han pedido que la definición jurídica de la apertura del sector se dé "rápidamente", y que la transición hacia la privatización sea "lo más corta posible". Las empresas mexicanas recuerdan que deben prepararse para enfrentar la competencia feroz de las plantas estadounidenses.