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Los veterinarios denuncian "graves deficiencias" en el registro oficial de perros

El dueño del dogo que mató a un niño queda en libertad bajo la acusación de homicidio

El vicepresidente de la Federación de Veterinarios Europeos, Francisco Orozco, calificó ayer de "muy deficiente" el registro oficial canino español, que depende del Ministerio de Agricultura. "Hay una clasificación por razas que deja fuera a todas las mezclas, que es el ámbito donde se experimenta en busca de ejemplares más agresivos. El pitbull, por ejemplo", denunció Orozco, lo que, a su juicio, impide un control de estos animales y de sus instructores, responsables, en muchas ocasiones, de que los canes sean más o menos agresivos.

La denuncia de Orozco se produjo el día en que Alfredo Cordero, el dueño del dogo argentino que mató el viernes a un niño de cuatro años en Mallorca, salió en libertad sin fianza y acusado de homicidio por imprudencia. Se enfrenta a una pena de entre uno y cuatro años de cárcel. El registro oficial de perros, si bien depende del Ministerio de Agricultura, lo confecciona la Real Sociedad Canina desde que Alfonso XIII le concediera dicho privilegio a principios de siglo. "Hoy en día es imposible determinar la raza de la mayoría de los perros, y eso impide su buen registro, clasificación y control", reiteró el presidente del Consejo General de Veterinarios de España, Antonio Borregón. Y puso un ejemplo: el pitbull, perro cuya reproducción está prohibida en Francia por su gran agresividad, "es una mezcla de varias razas". En otros países europeos, este tipo de perros son objeto de una legislación especial.

Si el control de los perros es "deficiente", el de quienes los adiestran, "principales responsables de su comportamiento", es "inexistente", según Francisco Orozco. Un adiestrador madrileño, Rafael Casado, le dio la razón: "No hace falta titulación alguna, por lo que abundan los seudo educadores que ni siquiera están dados de alta en Hacienda".

En efecto, el animal puede estar mal registrado y mal educado, ya que la ley no obliga a nadie a educar a su can, por muy violento que éste sea. ¿Y qué pasa con el dueño? Es el principal responsable de lo que haga el perro: las leyes le obligan desde 1976 a sacarlo de casa con correa y bozal. De lo contrario, se enfrenta a diferentes penas. Uno de los artífices del actual Código Penal, Diego López Garrido, lo explica así: "Si un perro mata a una persona, el dueño puede ir a la cárcel entre 10 y 15 años si el delito es intencionado, y de uno a cuatro si no lo es". Pero no hace falta que mate a nadie para ser castigado: "Llevarlo suelto ya es un delito de faltas", y supone una multa.

Más allá de las consideraciones penales, numerosas entidades ecologistas se aventuraron ayer a describir la psicología de los dueños de perros como el del dogo que mató a un niño en Mallorca el viernes pasado, la tercera muerte en los últimos siete meses en similares circunstancias. La secretaria de la Asociación para la Defensa de los Animales sostiene que los amos "vuelcan su agresividad en los perros". Agresivo o no, Alfredo Cordero, el amo de Copi, el dogo argentino que mató a dentelladas al niño de Mallorca, quedó ayer en libertad sin fianza tras pasar tres días en los calabozos, imputado de un delito de homicidio por imprudencia por la titular del juzgado número cuatro de Inca.

Perro con antecedentes

El fiscal apoyó la libertad con cargos, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, reclamó una fianza que se ajustara a la posible indemnización que se señale como responsabilidad civil por la muerte del niño. Copi ya tenía antecedentes por su comportamiento agresivo. Contra su amo ya existía una denuncia judicial por un ataque anterior: el animal agredió a dos alumnos del colegio Voramar el pasado 22 de septiembre. Uno de ellos sufrió lesiones graves. A pesar de ello, el perro seguía paseando por la calle sin correa ni bozal. Ni el propietario adoptó medidas entonces, ni tampoco lo hicieron las autoridades locales.

El director general de Sanidad del Gobierno balear, Juan Crespí, se limitó a señalar que tenía "las manos atadas", porque su control se limita a las enfermedades de los perros. Según explicó, cuando uno ataca y es denunciado, queda en cuarentena durante dos semanas "para saber si es portador de la rabia".

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