Un alto cargo de Tocino tilda de "arbitrarias" las declaraciones de impacto ambiental del ministerio

El secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, ha arremetido con una dureza inusitada contra las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que realiza su ministerio, el de Medio Ambiente, cuya titular es Isabel Tocino. Blanco, en un documento interno en el que destroza la nueva Ley de Evaluación Ambiental, coloca dichos estudios fuera de la ley al afirmar que son "incompatibles con la Constitución". "No hay procedimiento reglado que se respete", afirma. Y añade: "Estamos creando un reino de arbitrariedad, seudociencia, poder omnímodo y discriminación bajo el nombre de DIA".

"La Declaración de Impacto Ambiental se ha convertido en un proceso kafkiano", afirma Blanco, entre otros comentarios vitriólicos, en la carta que ha dirigido a Dolores Carrillo, directora de Calidad y Evaluación Ambiental, quien le había pedido su opinión sobre el anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental. Carrillo quería saber el parecer de Benigno Blanco sobre el nuevo texto legal, pero no podía imaginar que su respuesta iba a suponer un torpedo a la línea de flotación de su departamento y la apertura de una grave crisis en el ministerio de Isabel Tocino. Después de pedirle disculpas de antemano por si alguna de sus opiniones resultara "descortés o pasional", Blanco aprovecha su experiencia de dos años al frente de la política de aguas y costas para poner en solfa la gestión de Carrillo, sin ahorrar ningún adjetivo en las críticas al departamento que se encarga de dictaminar, mediante la denominada Declaración de Impacto Ambiental, si los proyectos de obras alteran o no el entorno natural.

"Soy muy crítico [con el proyecto de ley], pues creo", dice, "que le falta sensibilidad jurídica respecto al necesario sometimiento del actuar administrativo al principio de legalidad. Espero que estas notas puedan ayudar a una reflexión serena sobre una actividad en la que nos jugamos el futuro del ministerio. Te pido disculpes si algunas de mis opiniones resulta pasional, pero en esta materia soy totalmente parcial y me siento indefenso, inseguro y desconcertado por la praxis de estos últimos años, razón por la que el nuevo texto legal que habéis preparado me da pavor".

Incoherencias

Fiel a su advertencia, Blanco desgrana, una a una, las "incoherencias", "vaguedades", "ausencia de fundamentación jurídica y seriedad", "arbitrariedad", "descoordinación" "inseguridad jurídica" o "falta de respeto a la normativa nacional" que observa en el articulado de la ley. Un texto que escudriña la situación sin ningún recato verbal, como cuando tilda de "impresentable" o afirma que "no es de recibo" alguno de sus apartados. "¿Dónde está la memoria económica de los medios que se necesitan para aplicar la ley una vez entre en vigor? Me gustaría verla", se pregunta.Al secretario de Estado la oportunidad de examinar el texto que Carrillo le somete a consulta le sirve para despachar su opinión contra una dirección general de cuya mala gestión se siente la principal víctima, como promotor de obras hidráulicas dentro del ministerio donde comparten techo.

"Nunca he logrado saber en qué fase del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (DIA) están mis proyectos, ni para cuándo puedo esperar una Declaración de Impacto Ambiental, ni lo que nos exigirán mañana los funcionarios de la Secretaría General de Medio Ambiente. He tenido la constatación de que las Declaraciones de Impacto Ambiental de las comunidades autónomas son rápidas, claras y concisas frente a la situación kafkiana de las que tramita el propio ministerio".

Blanco está persuadido de que ese procedimiento se ha convertido en "un juicio sin procedimiento, con trámites que se improvisan arbitrariamente, sin plazos a respetar, de manera que los promotores de proyectos piensan que las Declaraciones de Impacto Ambiental son una decisión política que se consigue en función de la capacidad de presión de cada promotor, del diputado o cargo electo de turno, si tiene acceso directo al Consejo de Ministros, o son los ecologistas o determinados medios de comunicación quienes provocan una decisión final".

"La imagen más extendida de los responsables estatales de las Declaraciones de Impacto Ambiental es que se trata de un órgano politizado, arbitrario, obstaculizador de toda obra, sin criterios generales, sensibles a las presiones, que actúa sin procedimientos ni criterios conocidos y más pensando en las reacciones de los ecologistas que en la legislación aplicable". Blanco no es ni ingeniero ni especialista en medio ambiente. Su formación jurídica le inclina a detestar las indefiniciones legales o el comportamiento arbitrario de las administraciones, defectos que encarna el órgano que dirige Dolores Carrillo, según reflejan sus comentarios: "Se pueden leer declaraciones aprobadas por ministerio que siembran dudas por decenas sobre posibles afecciones ambientales. Las declaraciones no pueden limitarse a reflejar los posibles impactos alegados por los interesados. Deben mojarse y evaluarlos".