Barranco acusa al PP de favorecer el negocio de "un amigo del alcalde"
El PSOE ha fijado su lupa sobre la gestión privada de dos nuevos barrios que se levantarán en el norte de la capital: Montecarmelo (8.547 viviendas) y Las Tablas (12.272). Los expertos aseguran que los beneficios del negocio inmobiliario previsto en estos dos ensanches de Madrid superará los 200.000 millones de pesetas; la inversión se acercará al billón de pesetas. El portavoz socialista, Juan Barranco, denuncia que el Gobierno de José María Álvarez del Manzano (PP) ha regalado la parte principal del futuro negocio a dos empresas, FCC y OCP, ésta última presidida por Florentino Pérez, un "viejo amigo del alcalde", según recuerda el dirigente del PSOE. "El PP ha favorecido a determinadas constructoras pese a que, para hacerlo, haya tenido que despreciar los informes del interventor general del Ayuntamiento, donde se apuntan indicios serios de ilegalidad en esta operación", señala Barranco. Hace más de un año, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), firmó un convenio con los propietarios de los terrenos de Las Tablas y Montecarmelo donde se definían los derechos y deberes de los dueños del suelo en el proyecto de ejecución de los nuevos barrios. "Las constructoras FCC y OCP firmaron aquel convenio y consiguieron hacerse con la urbanización de los dos barrios pese a que no eran los propietarios originales ni se había convocado concurso alguno para adjudicar las obras a la constructora que ofreciera las mejores condiciones. El apoyo del PP a esta operación permitió a las dos empresas hacerse, en exclusiva y sin necesidad de competir en precios, con la urbanización de los dos barrios, situados en las mejores zonas de Madrid y, de paso, con la exclusiva de la gestión", dijo Barranco. Dichos convenios fueron debatidos en la comisión de Urbanismo sin que entre los distintos informes que engrosaban el expediente figurase el del interventor Vicente Arnau, que defiende los intereses económicos del Ayuntamiento. Arnau tuvo que estudiar el convenio unos días después y puso reparos importantes. Los mismos inconvenientes legales que ahora esgrime el PSOE para anunciar una demanda en los tribunales contra el Gobierno del PP. PASA A LA PÁGINA 3
El municipio asume gastos que corresponden a promotores privados, según el interventor
VIENE DE LA PÁGINA 1 Para la gestión de los nuevos barrios (más de 20.000 pisos, más de 60.000 vecinos), el PP optó por dejar esa empresa en manos privadas (terratenientes, promotores, constructoras...). Este sistema ha permitido al gobierno municipal evitar el complejo proceso de las expropiaciones de suelo y el delicado trámite de los concursos y las subastas públicas para la adjudicación de los terrenos.
El único requisito que puso el Ayuntamiento para autorizar el negocio inmobiliario de las 20.000 viviendas fue que los dueños de al menos el 60% de los terrenos de cada nuevo barrio se pusieran de acuerdo y creasen una junta de compensación (asociación de propietarios). Posteriormente, dicha junta firmaría con el gobierno municipal un convenio urbanístico donde se establecerían sus obligaciones (obras y equipamientos que deberían financiar) y sus derechos (terrenos recalificados para levantar viviendas, oficinas...). Lo legal en estos convenios es que los dueños del terreno se comprometan a pagar la urbanización (construcción de calles, ajardinamiento y arbolado, instalación de los servicios de luz, agua, teléfono, gas...) y los accesos que permitan conectar el nuevo barrio con las áreas urbanas de Madrid, según explicó en su informe de hace más de un año el interventor general.
Pero, en el caso de Montecarmelo y Las Tablas, el convenio aclaró que, si las obras de urbanización superaban una cantidad determinada (1.325 millones de pesetas en el caso de Las Tablas, 828 millones en el de Montecarmelo), el Ayuntamiento asumiría la diferencia, además de garantizar la construcción de accesos exteriores y el pago de los realojos necesarios.
Para Vicente Arnau, interventor municipal, ese compromiso de financiación adicional significa que el Ayuntamiento "podría estar asumiendo obligaciones que legalmente no le corresponden". Arnau también señala que la Concejalía de Urbanismo no incluyó en la operación el necesario análisis económico y financiero para conocer cómo afectará a sus presupuestos. Arnau explica que hacer ese análisis es muy difícil, ya que los gestores municipales no han precisado el coste de los compromisos adquiridos con los propietarios de los terrenos de Las Tablas y Montecarmelo.
A los dos días de poner en duda la legalidad del convenio, Arnau tuvo que firmar un informe adicional donde, sin rectificar ni una sola de sus apreciaciones, aclaraba que hasta que no se ejecutaran las operaciones previstas en el documento no se podrían entender como "asumidas por el Ayuntamiento".
"Esto es", ironiza el socialista Juan Barranco, "que, después de haber pegado un tiro en la cabeza a una persona, no te pueden meter en la cárcel si no has conseguido matarla en el acto y ha quedado herida".
El grupo socialista espera a que se empiece a ejecutar el convenio para llevarlo a los tribunales de justicia. "Me parece extremadamente grave lo que el PP está haciendo con el urbanismo de Madrid. El señor Aznar tiene banqueros de cabecera para dilucidar las cuestiones financieras y el alcalde tiene a sus constructores de cabecera para las cuestiones urbanísticas. La política del gobierno municipal del PP está al servicio de determinados empresarios de esta ciudad", explica.
El portavoz socialista asegura que la irrupción de OCP y FCC en los nuevos barrios de Las Tablas y Montecarmelo como urbanizadores fue anómala. "No tenían terrenos en la zona. Pero, de pronto, aparecieron sin concurso previo como empresas urbanizadoras, con lo que, de golpe, se convirtieron en propietarios y principales gestores de todo el proyecto", señala.
Hace tan sólo dos meses, el Ayuntamiento vendió a Telefónica los terrenos que le correspondían en Las Tablas como consecuencia de las cesiones a que están obligados por ley los propietarios. Esos terrenos, según Barranco, costaban 12.000 millones. Urbanismo los vendió por 6.000 millones. El PSOE busca el informe del interventor sobre dicha venta.
