Brasil: otro fantasma a la vista

El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, llegó a la conclusión, el pasado noviembre, de que era imposible mantener la moneda nacional, el real, sobrevaluada. Desde la crisis de Rusia, sabía que Brasil era el próximo blanco de los especuladores. Una vez más, optó por postergar lo irremediable. La economía brasileña ya era una bomba activada. Cualquier accidente podría provocar la explosión. Ese accidente fue el gobernador de Minas Gerais, Itamar Franco, quien lo antecedió en la presidencia, y cuyo único logro fue justamente permitir a Cardoso, su ministro de Hacienda, poner en marcha un plan económico que terminó con la inflación descontrolada. Al decretar el 6 de enero una moratoria de 90 días frente al Gobierno federal, Itamar Franco diseminó el pánico.La tensión está lejos de terminar. Un león duerme bajo el sillón presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Despertará en cualquier momento y provocará un nuevo desastre. El león es la deuda de los Estados.

El total de esa deuda a Gobierno federal es de 86.000 millones de reales (alrededor de 47.000 millones de dólares, unos 40.000 millones de euros o casi 6,7 billones de pesetas). Más de la mitad de esa deuda pertenece a la provincia brasileña más rica, São Paulo. El plazo de la deuda es de 30 años, con tasas de interés bastante bajas para los parámetros locales, entre un 6 y un 7,5% al año.

El Gobierno federal insiste: las negociaciones concluidas en 1998 ya propiciaron una reducción del volumen total de la deuda, que sumaba 94.200 millones de reales. Los gobernadores no ceden un milímetro de terreno: tanto los veinte aliados de Cardoso como los siete de partidos de la oposición quieren una nueva negociación, ya que ninguna provincia puede cumplir lo pactado. El ministerio de Hacienda reitera que esa renegociación ocurrió en 1998, y el asunto está terminado.

La deuda interna brasileña suma 320.000 millones de dólares (272.000 millones de euros o algo más de 45 billones de pesetas), un 41% del producto interior bruto (PIB). El peso de la deuda de los Estados es, por lo tanto, considerable.

El incumplimiento de los compromisos, por parte de los gobernadores, causaría graves pérdidas en el flujo de ingresos del Gobierno federal. Ese flujo integra la lista de compromisos asumidos frente al Fondo Monetario Internacional. Disminuir ese flujo provocaría nuevos daños a la poca credibilidad que le resta al país. Precisamente ayer se han retomado los contactos entre representantes del Fondo y del Gobierno de Cardoso, en Brasilia. En la agenda de trabajo de las reuniones figura el estudio de las reglas de intervención del banco emisor de Brasil en el régimen de cambio, la revisión de algunas metas del acuerdo firmado con el FMI en noviembre pasado y el anticipa a Brasil del segundo desembolso de la ayuda. Ésta es de 41.500 millones de dólares. El secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Pedro Parente dijo ayer que las deliberaciones se prolongarán hasta el miércoles. A la negociación asistirá el número dos del FMI, Stanley Fischer.

Entre los cuatro principales Estados brasileños, Cardoso tiene un aliado: São Paulo, la principal de todas, cuya economía supera a la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Pero los efectos políticos de un enfrentamiento con Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul pueden ser devastadores. Cardoso los sabe, y sabe también que es poco lo que puede hacer, al menos por ahora. Para limar asperezas y tratar de encontrar una salida al problema, el presidente brasileño ha convocado una doble reunión. El 8 de febrero se verá las caras con los gobernadores de los Estados de Ceará,Espírito Santo y Maranhao, aliados de Cardoso. Un día más tarde recibirá a los gobernadores de Alagoas, Río de Janeiro y Río Grande do Sul, todos de la oposición.

La mayoría de los gobernadores asumieron sus cargos el pasado primero de enero. Pocos lograron ser reelegidos (Mario Covas, de São Paulo, es uno de ellos). Y todos se enfrentan a un panorama desolador: exceso de funcionarios, descenso de la recaudación y deudas gigantescas frente al gobierno central.

La mitad de los Estados destina más del 80% de su presupuesto a gastos de personal y cobertura de deuda. Río de Janeiro, que gasta el 85% de su recaudación en personal, envió al gobierno federal, en 1998, un 6,2% de su recaudación neta. En 1999, esta cifra será un 13%. Su gobernador, el opositor Anthony Garotinho, advierte: "No puedo hacer en frente al compromiso asumido por mi antecesor". Por ello, propone que no aumente su pago anual a la Administración central.

Esta grave situación tiene varios orígenes, pero todos confluyen, irónicamente, en la estabilidad propiciada a partir del Plan Real. Cuando había una inflación acelerada, los gobernadores ponían sus recursos en inversiones a corto plazo, mientras retrasaban el pago de los compromisos. De esa forma lograban disimular el déficit permanente de sus presupuestos.

El Estado de Minas Gerais logró, en 1990, recomponer su presupuesto gracias a una huelga de profesores. Mientras el movimiento duró, tres meses, los sueldos de los profesores fueron suspendidos. El dinero fue puesto en el mercado y los beneficios de esta maniobra financiera ayudaron a colocar las cuentas al día.

La estabilidad provocada por el Plan Real dejó los gobernantes cara a cara con la realidad. Las altas tasas de interés aplicadas en Brasil a partir del segundo semestre de 1997 provocaron, para las deudas de los Estados, el efecto bola de nieve. Resultado: no tienen cómo pagar lo que deben. Para empañar aún más ese sombrío panorama, Itamar Franco pronunció la palabra maldita: moratoria. Al anunciar la suspensión de pagos, puso el león bajo el sillón presidencial que ocupa Fernando Henrique Cardoso.