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Reportaje:SANIDAD

Los centros del Insalud advierten de que "no se atenderá sin tarjeta sanitaria"

Amaya Iríbar

Más de 600.000 extranjeros viven en España de forma legal y casi la mitad de ellos son ciudadanos europeos, según los últimos datos recogidos por el Ministerio del Interior en diciembre de 1997. Pero no existen cifras oficiales para esos inmigrantes que llegan para quedarse sin documentos, en una patera o como turistas, casi siempre de países pobres.Son entre 60.000 y 70.000 hombres, mujeres y niños, según el último informe monográfico sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, dependiente del Consejo de Europa. Otros estudios elevan el contingente hasta 300.000 sin papeles, demasiados para las asociaciones que, como Médicos del Mundo, Karibu o la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI), trabajan cerca de ellos.

Sean cuantos sean,sus hijos menores de 18 años tienen derecho a la asistencia sanitaria en la red pública, asistencia que se produce con ciertos problemas en los centros del territorio Insalud -las diez comunidades que aún no tienen transferida la competencia en materia de sanidad-, según las acusaciones hechas por la Fiscalía de Madrid sobre la falta de atención sufrida por al menos 13 menores hijos de inmigrantes en situación irregular.

Esas trabas toman la forma del documento que, a instancia de los servicios de admisión de cada hospital, deben firmar los adultos que acompañen estos niños en el que no sólo figura el nombre, la dirección y el teléfono, sino también el compromiso de que se hará cargo de los gastos que genere la intervención. Un procedimiento "exactamente igual" al que se utiliza con los niños españoles que tampoco tienen cartilla de la Seguridad Social.

La razón del mismo radica en "la presión que tiene el Insalud para reducir gastos", según Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y pediatra del Hospital del Niño Jesús de Madrid, el mismo donde saltó el viernes el último de los 13 casos documentados por la fiscalía madrileña. Y eso que él mismo admite que no siempre se pasa la factura.

El Insalud ha repetido una y otra vez que este documento sólo cumple funciones administrativas -sirve para llevar la cuenta de las intervenciones realizadas al paciente, explicó el viernes el gerente del Niño Jesús, Jorge Gómez Zamora- y que en ningún caso paraliza o entorpece la atención médica de los menores. Pero produce un miedo "lógico", en palabras de Sánchez-Bayle, a los inmigrantes que, como los padres de estos críos, no tiene los papeles en regla y están sujetos a la expulsión del país. Un miedo azuzado por esos carteles que cuelgan de las paredes de las salas de espera de los hospitales públicos en los que se puede leer: "No se atenderá sin tarjeta sanitaria".

Esos escollos, además, ni siquiera aparecen en los Centros de Promoción de Salud del Ayuntamiento de Madrid, de los que hay ejemplos similares en casi todas las comunidades. Allí no se pide tarjeta, ni número de la Seguridad Social. Se atiende a los inmigrantes sin más. Así que es lógico pensar, afirma Sánchez-Bayle, que estos sin papeles prefieran acudir a ellos antes que al Insalud. Pero incluso si esa es la razón última de que no les atiendan en estos centros, se confirmaría la versión dada por el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ya que los municipios dan este servicio porque quieren, según las ONG, y no porque estén obligadas a ello por la ley, como el Insalud.

Los casos de niños supuestamente desantendidos en Madrid "sólo son la punta del iceberg", asegura Antonio Martínez, de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI).

Detrás de ellos están sus padres, de los que nadie se acuerda porque no tienen ni siquiera el derecho a entrar en el hospital salvo por la puerta de urgencias.

"Un trabajador debe tener atención sanitaria continuada", afirma Martínez. Y para eso sirve la misma tarjeta sanitaria que la semana pasada pidió para los niños sin papepeles Nueva Izquierda o "cualquier otro mecanismo". En el Foro de la Inmigración, donde se sientan asociaciones y representantes de la Administración, se ha discutido esa posibilidad y la respuesta ha sido siempre la misma: "No hay dinero". Algo que es una falacia para distintas ONG que llevan años pidiendo que se normalice la asistencia sanitaria de estos ilegales y para lo que bastaría, según Martínez, "pasar todas las subvenciones que reciben los centros que les atienden y las ONG al Insalud. El problema estaría solucionado".

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Sobre la firma

Amaya Iríbar
Redactora jefa de Fin de Semana desde 2017. Antes estuvo al frente de la sección de Deportes y fue redactora de Sociedad y de Negocios. Está especializada en gimnasia y ha cubierto para EL PAÍS dos Juegos Olímpicos y varios europeos y mundiales de atletismo. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene el Máster de periodismo de EL PAÍS.

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