Vizcaya achaca la inseguridad laboral foral a que la Justicia obliga a "aplicar leyes que no existen"

La Diputación de Vizcaya achaca su inseguridad jurídica laboral, con sentencias judiciales que cuestionan una tras otra su política de personal, a la obligatoriedad de "aplicar unas leyes que no existen". El titular de Presidencia, José Luis Bilbao (PNV), censuró ayer que en Euskadi "no se admita que haya un marco propio de relaciones laborales" y valoró que los acuerdos firmados entre la Administración y sindicatos "se deben respetar". Bilbao recibió el apoyo de casi todos los grupos de las Juntas Generales para defender los puestos de 82 trabajadores interinos que, tras la anulación de la oferta de empleo de 1993, pueden perder su empleo, según sostiene la Diputación.

La política de personal en la Diputación de Vizcaya ha sido motivo continuo de conflicto a lo largo de la década. Salvo la oferta de puestos de inspectores y bomberos del pasado año, no existe una OPE (oferta pública de empleo) que no haya sido recurrida, al igual que las relaciones de puestos de trabajo. Ayer, casi dos meses después del revuelo que organizó en el seno de la Diputación el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al ordenar que se ejecutara la anulación de la oferta de empleo de 1993, el asunto fue objeto de debate en las Juntas Generales. Fueron casi tres horas de diálogo, esta vez más coincidente que discordante. Gobierno y oposición abogaron por adoptar las medidas necesarias para que los 82 afectados sigan en sus puestos, aunque fuentes sindicales han señalado que, con la convocatoria de un nuevo concurso, esas plazas "serán ocupadas por funcionarios de la Diputación, cuyos puestos que queden libres pueden ser para los interinos afectados". El diputado de Presidencia, José Luis Bilbao, que realizó un pormenorizado relato del proceso judicial de la oferta de 1993, afirmó a los junteros que "es previsible que la mayoría de las plazas puedan ser ocupadas por funcionarios de otras administraciones". Dijo que la obligatoriedad de un concurso de promoción interna en el funcionariado -la primera razón de la anulación decretada por el Tribunal Superior, que luego invocó también que la oposición debía estar abierta a funcionarios de toda España- ya no es preceptivo en una oferta de empleo, por lo que señaló: "Tenemos que aplicar una normativa que ya no existe". Ámbito de decisión Por ello, manifestó que la situación de inseguridad jurídica laboral, criticada tanto por la Diputación como los sindicatos, "viene por la aplicación de unas leyes que no se existen". Bilbao dijo, en coincidencia con Mikel Urriz (HB), que existe un problema competencial. "No se admite que en el País Vasco haya un marco propio de relaciones laborales. Los acuerdos de la negociación colectiva [de 1997 a 1999 se han consensuado con los sindicatos] han sido sistemáticamente recurridos. Es imprescindible un ámbito propio de decisión, también aquí", defendió antes de exigir que estos acuerdos firmados por unanimidad "se deben respetar". Melchor Gil (PSE), que intervino en la recta final del debate, consideró "poco razonable que la unanimidad" se produzca contra el ordenamiento jurídico. Roberto Otxandio (PNV) leyó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un caso similar, en la que se desestima la demanda de los recurrentes y afirmó que "es público y notorio que ningún ayuntamiento ha abierto los concursos a todas las administraciones del Estado". Valoró que la Diputación "ha actuado con suma corrección" y, sobre lo sucedido, dijo que no tenía constancia "de situaciones similares en otras comunidades autónomas y mira que hay ofertas de empleo en el Estado". Txema Fernández (IU), tras admitir que la ejecución de la OPE "no fue correcta", hizo un llamamiento a todos los partidos a que se comprometan formalmente a la defensa de los empleos de los 82 afectados. "La Diputación debe hacer lo que haga falta para defender esos puestos. Aunque sea algo para ganar tiempo hasta que cambie la ley". José María Gorordo (ICV), menos explícito, dijo que el problema se situaba "más que en los 82 puestos en la política de personal" y exigió mayores competencias en esta materia para las Juntas Generales. Mikel Urriz (HB) estimó que el fallo del Tribunal Superior revela que las "instituciones vizcaínas no tienen competencia para sus relaciones laborales" y propuso la creación de una comisión especial para solucionar estos problemas. Gonzalo Machín (PP) consideró que es un "problema personal más que jurídico", refiriéndose a Bilbao y al magistrado del TSJPV Juan Luis Ibarra, e instó a conocer los motivos por los que un grupo de funcionarios forales recurre sistemáticamente las convocatorias de personal.