El equipo de Gil-Robles busca una solución legal apelando al Estatuto de los Funcionarios

El gabinete de Gil-Robles reconoció que el texto del mandato es "desafortunado" porque su intención "no es suspender el Tratado". La salida al entuerto que, una vez ya producido, ultiman los servicios jurídicos del Parlamento y de la Comisión, es rectificar abiertamente la suspensión del artículo 214, y suplirla con la suspensión de dos artículos del Estatuto de los Funcionarios que lo desarrollan -los números 17 y 19, también citados en el mandato-, para lo que estas instituciones tienen competencias. Pero luego surgirá otro obstáculo: dicho estatuto fue pactado con los sindicatos, y de éstos nadie se ha acordado. Hay otro problema más grave. Los dos artículos del Estatuto obligan a los funcionarios a la discreción, salvo si testifican ante el Tribunal de Luxemburgo. Sendas sentencias de dicho tribunal -como la del caso Adams- extienden su obligación de informar a cuando sean citados por tribunales penales, bajo reserva de identidad.La cámara sostiene que por analogía esa excepción debe aplicarse a las comparecencias ante el Comité de Sabios. Los juristas de la Comisión lo niegan, porque la analogía no se aplica al ámbito criminal, el Comité carece de un estatuto legal equiparable al de un juez penal, y el derecho penal extrema las garantías.

Cada uno de los cinco miembros del Comité cobrará -entre dietas y salario- 19.700 euros (3,3 millones de pesetas) mensuales, y el colectivo dispondrá de 47.500 euros para "asistencia exterior". El coste total será pues de casi 25 millones de pesetas mensuales, sin contar las retribuciones de los funcionarios de apoyo.

El Comité decidirá sus normas internas de funcionamiento y la logística que requiera. La intención es que su primer encuentro se celebre el lunes. Ya algunos políticos disfrazados de altos funcionarios se aprestan a ofrecer sus servicios "técnicos" al Comité y tener así acceso a todo el papeleo secreto.