Golpe de mano del Parlamento Europeo y de la Comisión contra el Tratado de la UE

El Parlamento Europeo ha asestado un inédito golpe de mano contra la legalidad comunitaria. Careciendo de competencias para ello, ha suspendido un artículo del Tratado de la Unión, el 214. El atentado es aún más grave, al contar con la complicidad de Jacques Santer, presidente de la Comisión, institución que debe, por imperativo legal, ser la guardiana del Tratado. El desaguisado se ha perpetrado con la santa y sana intención de dotar de poderes al Comité de Sabios contra el fraude, pero con frontal menosprecio de los derechos individuales y garantías constitucionales y estatutarias.

Ni el Parlamento ni la Comisión tienen poderes para "cambiar o suspender un Tratado firmado por los Quince Gobiernos", recordaron ayer a este diario altas fuentes de ambas instituciones. El estado de excepción decretado por la cámara es, pues, una monumental chapuza. Sólo se entiende en el fragor de la batalla parlamentaria contra la Comisión, en vigilias de las elecciones europeas de junio, y por la ausencia de consultas previas a los servicios jurídicos de ambas instituciones, contrastó este periódico.En efecto, los jefes de los grupos políticos, encabezados por el presidente del Parlamento, José María Gil-Robles, se atrevieron anteanoche, tras aprobar la composición del Comité de Sabios, a suspender un artículo referido a los deberes y derechos de los funcionarios. Así, establecieron que "los funcionarios y otros agentes llamados por el Comité, o que deseen testificar ante él, no estarán vinculados por las obligaciones de discreción y confidencialidad estipuladas en el artículo 214 del Tratado" y les prometieron a cambio "estricta confidencialidad". Santer dio su "acuerdo político" a ese texto, según su portavoz, y se comprometió a entregar todos los papeles requeridos por los sabios independientes.

El objetivo de estas medidas es estupendo: luchar contra el fraude. El problema es que se hace conculcando la legalidad del Tratado y, además, los derechos de defensa y el principio de contradicción básico en todo proceso en el que afloran elementos penales. "Es un procedimiento sólo político, ni la caza de brujas, ni el Tribunal de la Inquisición", defendió un colaborador del Gil-Robles. Inexacto. Es cierto que la resolución parlamentaria del 14 de enero, cuando la cámara votó contra la censura a Bruselas, pedía un Comité de Sabios "con un mandato para examinar la manera en que la Comisión detecta y trata el fraude, la mala gestión y el nepotismo", un mandato de alcance político-administrativo. Pero, anteanoche, los jefes de los grupos retorcieron ese mandato al Comité, trocándolo en otro muy distinto, al instarle a "establecer hasta qué punto la Comisión, como colegio, o los comisarios individualmente, tiene responsabilidades específicas por los recientes casos de fraude, mala gestión o nepotismo", un objetivo que configura al Comité como una instancia político-penal, pero sin base jurídica ni para inculpar, ni para obligar a declarar.

La portavoz de Santer no supo contestar si funcionarios y comisarios podrán acudir a las audiencias acompañados de abogado, y quién financiaría sus minutas. Tampoco aclaró qué ocurrirá si hay terceros dañados por las declaraciones secretas que reclamen su derecho a ser oídos. Sólo aseguró -sin concretar las garantías- que la cúpula de la Comisión evitará actuar contra quienes depongan en su contra. Pero, en esta Bruselas en que todo se sabe ¿acaso no peligrarán ascensos de funcionarios de a pie que declaren honestamente contra sus jefes? O inversamente, ¿tendrán garantías de defensa los altos cargos ante delatores falsarios, cuando el Comité de Sabios debe despachar precipitadamente, en sólo seis semanas, su informe sobre los comisarios?

Lo peor es que, además de injusto e ilegal, el edificio construido es débil, carece de cimientos. "Nadie es encausable por un cuerpo jurídico que carece de base legal", indicaron a este diario altas fuentes jurídicas del Ejecutivo, refiriéndose al Comité. En consecuencia, "si alguien se siente perjudicado o perjudicable, administrativa o penalmente, puede acudir a la Sala Primera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", con sede en Luxemburgo, o al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, "y todo se paralizará, eso no dura judicialmente ni tres días", añadieron. Así, la magnífica intención de acabar con los fraudes puede acabar destruida por la incapacidad de los grupos parlamentarios, así como de Gil-Robles y de Santer, de redactar un texto coherente de mandato, que asegure los propósitos de limpieza, garantizando al tiempo los derechos y deberes individuales de los ciudadanos.