¿Es su vecino un pederasta? En Internet podrá averiguarlo

¿Hay en el vecindario algún pederasta? ¿Trabaja en la oficina algún delincuente sexual? Las respuestas a estas preguntas, los estadounidenses residentes en una docena de Estados la pueden obtener en Internet.Para conseguirla les basta con pinchar los registros de ex delincuentes sexuales que las policías de cada Estado están colocando en la red. Allí figuran decenas de miles de fichas, con nombres, edades y fecha de nacimientos, características físicas, lugar de trabajo, fecha y motivo de la condena y, casi siempre, la fotografía. En la gran mayoría de los casos se trata de personas que no disfrutan de libertad condicional, sino que han cumplido toda su condena.

Los sistemas de búsqueda que acompañan al elenco permiten indagar, generalmente gratis -a veces es necesario pagar 3,5 dólares (497 pesetas o 3,02 euros) por consulta-, sobre la presencia de ex delincuentes en un barrio determinado o en una gran empresa introduciendo el código postal del distrito o el de la compañía.

La colocación en Internet de la lista ha sido un proceso gradual. Una ley conocida con el nombre de Megan, que entró en vigor en 1996, obliga a las autoridades de cada Estado a establecer registros de delincuentes sexuales -algunos crímenes menores pueden ser excluidos- y a comunicar a los ciudadanos la información "relevante" que les pueda afectar.

"No se trata de seguir castigando al delincuente excarcelado, sino de informar a la gente, que sepan que hay alguien con el que deben tener cuidado", declaraba a un diario local Tela Mange, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Tejas. Los delincuentes sexuales suelen ser los que muestran más propensión a reincidir.

Megan Kanka, que ha dado el nombre a la ley, era una niña de siete años que en 1994 fue secuestrada, violada y asesinada en Trenton (Nueva Jersey) por un vecino que vivía en la casa de enfrente y que había sido condenado en dos ocasiones por delitos sexuales.

Los 50 Estados de la Unión poseen registros, 24 practican además una política de notificación más o menos selectiva por la policía de la presencia de los ex reos a instituciones educativas, residentes del barrio o incluso centros de trabajo.

El Tribunal Supremo, al que recurrieron varios ex delincuentes afincados en Nueva Jersey, consideró en febrero pasado que la divulgación del nombre y dirección del condenado excarcelado no suponía una sanción adicional y, por tanto, no era inconstitucional. Poco a poco, sin embargo, los responsables policiales de 12 Estados han llegado a la conclusión de que la manera más barata y eficaz de notificar a la población la presencia de ex delincuentes en su entorno consistía simplemente en introducir el registro en la red.

Coincidiendo con las navidades, tres Estados -Virginia, Tejas y Alaska- se han sumado a los que ofrecían ya desde hace unos meses a los internautas la famosa lista en Internet. Estas nuevas páginas web han cosechado inmediatamente un gran éxito. "Tenemos a tanta gente haciendo búsquedas tantas veces que congestionan la red", señalaba al diario USA Today Lucy Caldwell, portavoz de la policía de Virginia. En Florida, la página más visitada de la Administración estatal es el registro.

Los internautas se informan y, a veces, secundan a la policía. Una comisaría de Miami recibió, por ejemplo, una llamada denunciando a un ex pederasta que trabajaba con boy scouts a pesar de que obtuvo la libertad condicional tras comprometerse a no relacionarse con menores. Fue inmediatamente detenido. Otros ex delincuentes han perdido su trabajo al enterarse su empresario de sus antecedentes penales.

Antes de transferir a la red sus registros, los Estados han intentado ponerlos al día. La policía ha instando a los antiguos delincuentes a comunicarle cualquier cambio de residencia o lugar de trabajo y les ha fotografiado.

Algunos se han resistido. La policía los busca, les pone multas, los detiene, los retrata o, si no los encuentra, invita al vecindario a proporcionarles datos más actualizados y se pone en contacto con la dirección de tráfico o con instituciones penitenciarias para conseguir fotos recientes que colocará en Internet junto a la ficha. "La policía envía agentes adicionales para llamar a las puertas porque la nueva ley es una gran prioridad", señalaba al Anchorage Daily News Jim Farrell, un funcionario encargado del registro de delincuentes.

Otros antiguos presos han optado, generalmente con el apoyo de organizaciones de defensa de los derechos civiles, por denunciar ante los tribunales la violación de su intimidad. "Personas que han sido condenadas por crímenes y que han cumplido su sentencia no deben ser objeto de un castigo de por vida", afirma Barry Steinhardt, director de la Unión Nacional Americana por las Libertades Civiles.

A veces, los tribunales les han dado la razón. Dos ex delincuentes sexuales residentes en Virginia obtuvieron órdenes judiciales obligando a eliminar sus nombres de la lista. Más importante aún, un tribunal federal de Tennessee ha ordenado el cierre de la página de Internet con la lista. Considera que, antes de insertar un nombre, el afectado tiene derecho a ser consultado y argumentar en contra de su inclusión en el registro público. En realidad, la batalla judicial no ha hecho más que empezar.

Los partidarios del control exhaustivo de los ex delincuentes tampoco se quedan de brazos cruzados. Un comité que asesora sobre esta materia en Connecticut se pronunció la semana pasada por que el registro abarque a aquellos condenados por poseer pornografía infantil, un delito menor que hasta ahora no era merecedor de figurar en la lista.