La deuda del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación de Castellón supera el límite legal del 110%

Las cargas de deuda de la Diputación de Castellón y del Ayuntamiento de Valencia han superado el límite legal. La Corporación castellonense, que preside Carlos Fabra, habrá de solicitar permiso al Ministerio de Economía para formalizar una nueva operación de crédito. La modificación del artículo 54 de la Ley de Haciendas Locales, incluida en la Ley de Acompañamiento, ha introducido restricciones: el endeudamiento ya no se contabiliza por meses, lo que permitía la trampa de una refinanciación a mayor plazo, sino por las cantidades totales, que no deben sobrepasar el 110% de los ingresos corrientes. La operación que tiene prevista la Diputación es de 2.503 millones de pesetas que, unidos a los más de 14.000 millones de deuda ya contraida eleva ésta a 17.450 millones de pesetas. Puesto que ahora han de computarse también las operaciones de tesorería, es decir, los créditos a menos de un año, la deuda total es de unos 19.950 millones. Según los datos provisionales de la liquidación del presupuesto de 1998, los recursos ordinarios de la Diputación ascienden a 9.347 millones. Si a éstos se le une el 10% hasta el 110% permitido, la deuda no debería sobrepasar los 10.282 millones, aunque está contabilizada en cerca de 20.000 millones. El caso del Ayuntamiento de Valencia es similar, pero según el edil socialista Miguel Mazón, el gobierno que preside Rita Barberá no lo reconoce y ha optado por vulnerar la ley "para que Rato [ministro de Economía] no se entere". Mazón explicó ayer que Barberá está haciendo "ingeniería financiera" porque sólo considera deuda viva la efectivamente gastada, y no la comprometida ni la solicitada. Según Mazón la deuda es de 110.000 millones. Barberá reconoce sólo 66.000. Los ingresos corrientes ascienden a 73.000 millones.