Críticas a Mayor por ofrecer nombres de los universitarios 'radicales'

Los juristas se sumaron ayer a las críticas contra el ministro del Interior, Jaime Mayor, y censuraron con dureza que durante su comparecencia del pasado día 18 en el Congreso ofreciese a los diputados los nombres y la ficha policial de 10 estudiantes que, según la policía, participaron en los incidentes de hace una semana en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con motivo de la visita del presidente del Gobierno, José María Aznar. En opinión de Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior y actualmente destinada en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, "corresponde a los jueces y no a la policía ni al Ministerio del Interior delimitar si existió una participación de unos ciudadanos en unos hechos supuestamente delictivos, como fue la alteración del orden público de ese día". Por eso censuró que Mayor, "sin más, presuponga esa participación y dé por probados los hechos" en el Congreso de los Diputados. "Esa actuación no es de recibo", añadió. Robles coincidió con el rector de la UAB, Carles Solà, en la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los participantes en la protesta y recordó que la actuación de Mayor reviste más gravedad "porque, que se sepa, no se ha abierto ningún procedimiento judicial contra ninguna de esas personas".

Difusión de nombres

Por su parte, Montserrat Comas, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona y portavoz de la asociación minoritaria Jueces para la Democracia, aseguró: "No se puede ventilar por la vía de la opinión pública, ni siquiera a través del Congreso, la difusión de nombres de personas contra las que no se han emprendido acciones administrativas ni judiciales". Comas agregó que si se demostrase que estos nombres han sido divulgados, "los afectados estarían en su derecho de emprender una demanda de acción civil contra el ministro por atentar contra el derecho a la propia imagen".El ofrecimiento de los nombres y las fichas policiales de los estudiantes tuvo un nulo eco entre los diputados de la Comisión de Interior, pues ninguno de ellos se interesó por esas identidades. "El simple ofrecimiento de esos nombres ya merece una censura política porque las fichas policiales forman parte del secreto estadístico policial", aseguró Comas.

Del mismo modo, el vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona, Joan Maria Xiol, afirmó: "Parece como si regresáramos a un Estado policial en el que todas las actividades de las personas están registradas en unas fichas que tanto nos recuerdan al franquismo". Xiol añadió: "Ésta no es la respuesta que debe tener el Estado a la misión de control y vigilancia ciudadana que tiene encomendado".

Las asociaciones estudiantiles de la UAB estudian iniciar acciones legales ante la difusión de esos datos por parte del ministro del Interior.