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Bruselas exige explicaciones al Gobierno sobre los créditos concedidos a Ercros en 1994

El romance que hasta ahora han vivido el ministro de Industria, Josep Piqué, y el ortodoxo comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, parece que ha llegado a su final. El escándalo de Ercros ha llegado ya hasta Bruselas. Van Miert ha solicitado al Gobierno por carta que explique las condiciones del crédito de 8.500 millones concedido a la empresa por el ICO en diciembre de 1994, así como los detalles de su cancelación, a propuesta del ministro de Industria, Josep Piqué, en junio de 1998. En dicha fecha, el Gobierno aceptó que Ercros pagara 1.100 millones para cancelar el crédito.

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, alertada por las informaciones publicadas por la prensa española, envió el pasado 21 de diciembre una carta de advertencia al Ministerio de Industria en la que le requiere numerosa información sobre Ercros, la empresa que presidió hasta 1996 el hoy ministro Josep Piqué.El Gobierno tiene un mes desde la recepción de la carta para responder a las alegaciones de Bruselas. El plazo está ya a punto de cumplirse y será el propio ministro Josep Piqué quien tenga ocasión de explicar la situación durante la entrevista que mantendrá el próximo lunes en Bruselas con el comisario Van Miert. [No obstante, Piqué, afirmo ayer que el presidente del Gobierno, José María Aznar, deberá explicar al Tribunal Europeo de la Competencia las ayudas a Ercros. "Por lo tanto, el actual presidente del Gobierno tendrá que dar explicaciones de lo que hizo el Gobierno anterior", afirmó el ministro en declaraciones a la prensa en Barcelona].

La Comisión ha requerido a Industria para que le explique las "condiciones, tipo de interés, incluidas las bonificaciones, si las hubiera, y plazo de amortización del crédito de 8.500 millones de pesetas presuntamente concedido por el ICO a Ercros en diciembre de 1994, así como condiciones pactadas entre las partes para su rescate". Se refiere Bruselas al famoso crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) cancelado en junio de 1998 tras el visto bueno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno a propuesta de Piqué, que fue presidente de Ercros hasta su incorporación a Industria en mayo de 1996. La condonación había sido negada por el Gobierno socialista.

Bruselas pide también "confirmación de que el precio de 5.000 millones de pesetas abonado por el ICO para el pago de un terreno de Ercros corresponde a un precio en condiciones de mercado".

Los 5.000 millones no han sido destinados a pagar al ICO, sino a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Precisamente la tercera petición de Bruselas se refiere a que se le comunique la "cuantía de las deudas de Ercros con la Hacienda pública, la Seguridad Social y entidades financieras participadas mayoritariamente por el Estado, porcentaje de las mismas con respecto al pasivo de Ercros y porcentaje de las quitas eventualmente convenidas en favor de dichas administraciones y entidades con respecto a las quitas convenidas con otros acreedores".

Bruselas quieren cerciorarse de que la deuda condonada por las entidades públicas españolas a la empresa que dirigió Piqué hasta su nombramiento como ministro guarda una proporción adecuada con la condonada por el sector privado. Por último, los servicios de Van Miert quieren conocer "cualquier ayuda que Ercros haya podido recibir desde que fue declarada la suspensión de pagos", en 1992.

El Gobierno del PP tardó dos años en aprobar la cancelación del crédito concedido por el ICO a Ercros. A la operación, que fue planteada por primera vez por Piqué en junio de 1996, se oponía el Ministerio de Economía. La Comisión Delegada aprobó finalmente la cancelación poco antes de que Piqué fuera nombrado portavoz del Gobierno. Piqué ha tratado de distanciarse de la operación al asegurar que se ausentó de las reuniones en las que se abordó el tema.

Los requerimientos de Bruselas al Gobierno español no presuponen la existencia de ninguna irregularidad en las operaciones, pero sí un primer paso para que la Comisión decida si existen indicios racionales de ilegalidad en la operación que justifiquen la apertura de un proceso formal de investigación y, si ha lugar posteriormente, abrir un procedimiento de infracción por ayudas públicas ilegales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de enero de 1999

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